Moncloa pidió a Montero que la ley del ‘sí es sí’ castigase más la pornografía infantil pero aún así la aprobó
Moncloa era consciente de los riesgos de la ley del 'sólo sí es sí'
El informe de Moncloa que alertó de la rebaja de penas a violadores y que da la razón a Calvo
La ex vicepresidenta Carmen Calvo confiesa que el Gobierno sabía que saldrían violadores a la calle
Moncloa era consciente de los riesgos de la ley del sólo sí es sí, que ha provocado ya más de medio millar de rebajas de condenas a agresores sexuales, y medio centenar de excarcelaciones. Aun así, Pedro Sánchez la aprobó en el Consejo de Ministros del 6 de julio de 2021. Un informe del Ministerio de la Presidencia, publicado en exclusiva por OKDIARIO, ya reveló cómo Moncloa avisó al Ministerio de Igualdad sobre la reducción de las horquillas penales para las agresiones sexuales. Pero, además, mostró su disconformidad con el castigo para la pornografía infantil, considerándolo poco «ambicioso». Pese a ello, el Gobierno siguió adelante y la ley está en vigor desde el pasado 7 de octubre.
«Puede resultar también incoherente con el objeto y propósitos del anteproyecto, la falta de ambición en la revisión de otros delitos contra la libertad sexual, en particular la revisión al alza de las penas actualmente previstas (lo que sí se hace en relación con el acoso sexual del artículo 184) para algunos otros tipos penales íntimamente relacionados, como son la prostitución forzada y su íntima relación con la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, o la pornografía infantil», fue la advertencia que Presidencia trasladó a Irene Montero el 16 de septiembre de 2020.
La ley del sólo sí es sí sólo mantiene las mismas penas que ya se recogían en el Código Penal para castigar la pornografía. Se trata del artículo 183, que castiga con entre seis meses a dos años a quien «a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor».
Moncloa decidió dar autonomía a la ministra de Igualdad y no interfirió finalmente en las penas que recogía el borrador. Sánchez siguió adelante con la tramitación y celebró la la aprobación de la ley, de la que siempre, incluso en plena cascada de rebajas de penas y excarcelaciones, se ha declarado «orgulloso».
«No está justificado»
El informe, como ya publicó OKDIARIO, prueba el desacuerdo de Moncloa con la rebaja de penas que recoge la norma estrella de Irene Montero. Un documento que ha sido deliberadamente ocultado al Congreso de los Diputados.
En el texto, Presidencia incide en la principal novedad de la ley -la eliminación de la distinción entre agresión y abuso sexual- y señala su disconformidad con el nuevo marco penológico.
Así, destaca que, con la reforma operada en el anteproyecto, «se aplican al nuevo tipo único de agresión sexual, cuando es calificado como violación, las penas actualmente previstas, no para la agresión sexual (prisión de 6 a 12 años) sino para el abuso sexual (4 a 10 años) y las penas previstas para los tipos agravados por la concurrencia de las circunstancias previstas en el artículo 180 quedan sustancialmente reducidas al pasar de prisión de 5 a 10 años en el caso del tipo básico, a prisión de 2 a 6 años, y de 12 a 15 para la violación agravada, a 7 a 12 años en la nueva regulación».
Cabe recordar que, antes de la reforma del Gobierno, la violación implicaba penas de prisión de 6 a 12 años y que, con la ley del sólo sí es sí, la pena mínima se vio rebajada a los 4 años.
La ley modifica además las penas con agravantes, pasando por ejemplo la pena mínima de la agresión sexual con penetración agravada de los 12 años a los 7. Una modificación sustancial que está fundamentando la mayoría de las rebajas de penas a delincuentes sexuales. Aunque durante la tramitación de la ley sí se elevaron las penas máximas, las mínimas se mantuvieron rebajadas, lo que ha derivado en las revisiones de condena ahora conocidas.
El Ministerio de la Presidencia, dirigido entonces por Carmen Calvo, trasladó su crítica a esta rebaja: «Con ello, pese al fin que persigue la ley de considerar agresión sexual todas las acciones que atenten contra la libertad sexual cuando no haya consentimiento de la víctima, con independencia de que haya o no violencia o intimidación, el resultado conseguido es que el reproche penal es notablemente inferior al actualmente previsto para las agresiones sexuales, que son los comportamientos más graves», señalaba en el informe que fue remitido a Igualdad.
Y concluía: «No parece estar justificado, a la vista del objeto del anteproyecto, ni un incremento, ni una atenuación penológica de estas figuras, por lo que sería necesario revisar esta cuestión en el anteproyecto, de forma que las penas se mantengan de forma equivalente a su regulación actual».
Durante más de dos años, Sánchez ha ocultado la existencia de este informe y su desacuerdo con la rebaja de penas. La ex vicepresidenta Carmen Calvo acabó confesando que Moncloa era consciente de los riesgos y que, tanto ella como el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, hicieron «observaciones» a la ley presentada por Montero.
«Y se dijo que estas circunstancias estaban en lo alto de la mesa porque era realista decirlo, porque era previsible que ocurriera», desveló Calvo en la Cadena SER.
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