El ministro Torres compró PCR a la trama cuando ya sabía que le habían colado 837.800 mascarillas ‘fake’

El actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, contrató con la trama Koldo adquisición de pruebas PCR, siendo presidente de Canarias, cuando ya sabía que le habían suministrado mascarillas defectuosas.

El último informe de la UCO revela las comunicaciones entre Torres y Koldo García, asesor del entonces ministro José Luis Ábalos. Según los investigadores, Koldo «trataría de allanar el camino para que una sociedad vinculada a Aldama resultara adjudicataria de contratos para la realización de test de detección del virus».

Según el relato de la UCO, el 17 de agosto de 2020, Koldo envió un audio de WhatsApp a Torres «en el cual le presentaba a Megalab, como un laboratorio completamente introducido en Canarias, y que había ideado un protocolo de pruebas PCR para facilitar vuelos seguros del virus»:

«Presidente, perdone que… Ángel, mira perdona que te moleste, solamente dos cosas que… bueno… la primera es que ya han cobrado los cinco millones, ya los tienen en cuenta ahora mismo a las 9 de la mañana cargados (…) La tercera unos laboratorios que se llaman Megalab que están totalmente in… introducidos en Canarias (sic). Se les ha ocurrido una idea de un protocolo con PCR ¿vale? Que es muy interesante. Estuvimos hablando con ellos Transporte (sic), también el jefe de gabinete. Tiene conocimiento el ministro (…) Creo que interesaría muchísimo a Canarias. Me gustaría comentártelo o que los recibieras para que te lo expliquen porque creo que es cojonudo y bueno, opinamos lo mismo, y la primera debería de ser Canarias».

5,3 millones

En días siguientes, a finales de agosto, el informe recoge distintas conversaciones que habrían mantenido los implicados en la venta de PCR y el ahora ministro. Finalmente, el Servicio Canario de Salud adjudicó tres contratos a la empresa Eurofins Megalab, formalizados en diciembre de 2020 por 5,3 millones.

Mascarillas ‘fake’

Por aquel entonces, la trama Koldo ya había endosado varias partidas de mascarillas defectuosas al Gobierno de Torres.

En concreto, el 22 de abril de 2020 el Gobierno canario de Torres formalizó un pedido de 2.750.000 mascarillas FFP2 a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama, a un precio unitario de 2,50 euros. Apenas un día después, la empresa hizo la primera entrega.

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias revisó las mascarillas y advirtió, en sendos informes de 27 de abril y 24 de julio de 2020, que una partida no podía considerarse «apta para su uso sanitario como FFP2». Se trataba de 837.800 unidades, valoradas en 2.094.018,50 euros.

El 22 de julio, el Gobierno canario comunicó a Soluciones de Gestión que parte de las mascarillas que había hecho pasar por FFP2, las consideradas de más alta protección y capacidad de filtrado, no cumplían los requisitos y no eran «compatibles» con la «eficacia de filtración frente a aerosoles».

Tras descubrir que las mascarillas eran fake, Soluciones de Gestión propuso al Ejecutivo de Torres, «como compensación», rebajar su precio «valorándolas como mascarillas quirúrgicas al precio de mercado del mes de abril» y completar el pedido con 555.000 mascarillas -éstas sí FFP2- hasta alcanzar el importe final.

El Ejecutivo canario aceptó la propuesta, justificándose en «la subida de los contagios» y la necesidad de dotarse de mascarillas de cualquier tipo. Así, por las 837.800 mascarillas que Soluciones de Gestión pretendía hacer pasar como FFP2 se pagaron finalmente 707.518,50 euros (a 0,845 euros la unidad) y por las otras 555.000 unidades de mascarillas FFP2, a 2,50 euros,  un total de 1.387.500 euros. Según el expediente, «debido a la alta demanda mundial de este tipo de material sanitario» esta última partida no se entregó hasta el 5 de febrero de 2021.

El 10 de junio de 2021, una resolución del Servicio Canario de Salud enmendó la financiación del expediente, endosando las mascarillas fake a cargo de los fondos europeos. Igualmente, se cargó al dinero comunitario el pago de 65.772 euros correspondiente al «transporte, flete aéreo y seguro de transporte» del avión que transportó las mascarillas. En el expediente para el pago con el dinero de la UE -fondos Feder- se expone que se trata de «mascarillas FFP1». Esos contratos están siendo ahora investigados por la Fiscalía Europea.