Un miembro de la Comisión de Garantías de Podemos dice que es «antidemocrático» que Espinar tenga tres cargos

Manuel Maroto Calatayud es profesor de Derecho Penal e integrante de la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos hasta el pasado julio. Maroto destapó este martes a través de un mensaje en su perfil de Facebbok las irregularidades que, a su juicio, fueron cometidas por este órgano fiscalizador en su resolución sobre los tres cargos del recién elegido nuevo secretario general de la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar.

Espinar ganó la Secretaría General en Madrid siendo senador y diputado autonómico. Algo que según la propuesta de los errejonistas aprobada por las bases en las primarias de noviembre, Espinar sólo debería ocupar un máximo de dos cargos (orgánicos o institucionales). Sin embargo, la Comisión de Garantías le autoriza a conservar sus tres responsabilidades en un polémico dictamen que Maroto no comparte al explicar que la decisión fue «antidemocrática».

En su escrito el profesor de Derecho, que ahora pertenece a la recién constituida Comisión de Garantías de Podemos en la Comunidad de Madrid, califica de «antidemocrática» la decisión del citado órgano estatal, dirigido por Gloria Elizo, ya que desdeña lo votado por la militancia. Maroto critica que «casi todo el mundo se ha tenido que enterar por la prensa» de esta resolución y revela que «la mayoría de los miembros de la Comisión de Garantías de Madrid, de hecho, no supimos siquiera de su existencia hasta el día que nos reuníamos por primera vez para constituirnos, el pasado 24 de noviembre. Y eso, a pesar de estar la resolución firmada con fecha 11 de noviembre», subraya Maroto.

El profesor señala que la decisión es «contraria a los estatutos del partido» porque, en su opinión, «se revocan sin motivación estatutaria decisiones del máximo órgano de decisión territorial», esto es, la Asamblea Ciudadana que componen todos los inscritos en Podemos Comunidad de Madrid. Además continúa diciendo que «es contrario al reglamento de la propia Comisión Estatal de Garantías: se subvierte la finalidad del sistema de reparto de casos para tomar una decisión de semejante trascendencia entre tres personas elegidas, por supuesto, por Elizo, sin siquiera informar al resto de las personas integrantes del órgano».

Maroto sostiene que las resoluciones de la Comisión de Garantías estatal contrarias a lo aprobado por la Asamblea Ciudadana territorial «vulneran la propia Ley de Partidos: no se respeta el derecho al sufragio activo de las decenas de miles de personas que participaron en el proceso, y se niega además el derecho a impugnar la decisión, ambas cosas reconocidas en el artículo 8 de la ley como derechos de todo militante».