La memoria histórica de Sánchez dará ayudas a fundaciones que hacen apología del Frente Popular
Justicia creará una “comisión de la verdad” y estudia ya cómo ilegalizar la Fundación Franco
La ‘Comisión de la Verdad’ del franquismo será un ‘tribunal’ político que sancionará sin juicio
Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez ya estudia como ilegalizar a la Fundación Francisco Franco, al mismo tiempo asociaciones que hacen apología del Frente Popular se frotan las manos con la reforma integral de la Ley de Memoria Histórica de 2007 que prepara el nuevo Ejecutivo socialista.
Y es que estas fundaciones que ensalzan a figuras protagonistas del bando republicano de la Guerra Civil española, involucradas también en el horror y en el pasado más negro de este país, recibirán cuantiosas subvenciones públicas por parte del gabinete Sánchez a fin de seguir alimentando el revisionismo histórico iniciado por Zapatero.
Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la Fundación Domingo Malagón, nombre del responsable del aparato de falsificación del Partido Comunista e integrante del Quinto Regimiento de las milicias populares, la Fundación Anastasio de Gracia o la Fundación Horacio Fernández Inguanzo.
La fundación Domingo Malagón recibió entre 2006 y 2010 por orden del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero subvenciones por un importe total de 421.342,56 euros, de los que 193.165 fueron para la recuperación de fosas. La cantidad restante se destinó a estudios, monolitos y placas.
Por su parte, la fundación Horacio Fernández Inguanzo obtuvo en esos años una asignación de 45.000 euros para una actividad archivística titulada «Un acercamiento prosopográfico a la represión contra los comunistas, 1956-1963». En cuanto a la fundación Fundación Anastasio de Gracia, se llevó 40.226 euros para la «dignificación moral de los líderes sindicalistas del metal».
Anastasio de Gracia, subsecretario de Armamento en el Gobierno republicano de Negrín, visitaba la checa de García Atadell
Anastasio de Gracia fue subsecretario de Armamento del Ministerio de Armamento Nacional bajo la presidencia del Gobierno republicano de Juan Negrín, tras haber sido ministro de Industria y Comercio y de Trabajo y Previsión entre 1936 y 1937. Mientras que Horacio Fernández Inguanzo, El paisano, fue teniente de artillería en las milicias del Frente Popular.
En su caso, el socialista Anastasio de Gracia llegó a visitar la checa liderada por Agapito García Atadell. Lo cuenta así el historiador José María Zavala en Los gánsters de la Guerra Civil (Plaza & Janés, 2006): «Para la realización de sus fechorías, los chequistas de Atadell contaban con el respaldo de la autoridad oficial y de la Agrupación Socialista Madrileña, así como de la minoría parlamentaria del Partido Socialista, cuyos representantes, incluido algún ministro como Anastasio de Gracia, visitaban la checa y alentaban a sus miembros”.
Una historia sesgada
El Ministerio de Justicia, con Dolores Delgado al frente, ha creado una nueva Dirección General para la Memoria Histórica, que, entre otros propósitos, reabrirá la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Franquismo y pondrá en marcha una «Comisión de la Verdad».
Esta última iniciativa, avanzada por la fiscal próxima al juez Baltasar Garzón, consistirá en «un órgano de carácter no judicial con la finalidad de conocer la verdad de lo ocurrido, contribuir al esclarecimiento de violaciones de derechos humanos, del derecho humanitario, y de las graves infracciones cometidas durante la Guerra Civil Española y la dictadura franquista».
Esta Comisión de la Verdad se encargará de elaborar un informe «incluyente y global que contribuya al esclarecimiento de la verdad, la reparación integral de las víctimas y las garantías de no repetición». Este documento, que según el PSOE servirá para «la construcción colectiva de la memoria democrática española» será entregado a las «Cortes Generales para su conocimiento y aprobación y al Gobierno de España y las Instituciones competentes para cumplimiento de sus recomendaciones» a través de la «recuperación y análisis de documentos históricos».
Un órgano político que sancionará sin juicio y que no se ocupará, en absoluto, de indagar en esas otras «graves infracciones» y horrendos crímenes que cometieron las milicias del Frente Popular. Una historia sesgada y otra intentona guerracivilista, esta vez encabezada por Pedro Sánchez, de reabrir viejas heridas restañadas.
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