El Gobierno no exigió experiencia a la empresa que pasó de facturar 0 € a 53 millones en mascarillas

El Gobierno de España no pidió experiencia previa a la empresa que pasó de ingresar cero euros a 53 millones en sólo un año tras la llegada de la pandemia del coronavirus. Fue una de las contrataciones millonarias de la empresa pública Puertos del Estado y ahora está investigada la Justicia. Esta entidad estatal ha remitido a OKDIARIO el expediente completo y ahí se puede comprobar que no se requirió ningún documento para chequear la trayectoria de esa compañía.

Se trata del primero de los 12 contratos que Isabel Díaz Ayuso trasladó a la Fiscalía Anticorrupción por presunta comisión de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y malversación de caudales públicos. Se pagaron el 21 de marzo de 2020 24,2 millones a Soluciones  de Gestión SL para suministrar mascarillas profilácticas para prevenir el Covid-19 entre los trabajadores de los puertos del Estado.

Puertos del Estado, en una respuesta a OKDIARIO firmada por el presidente de la entidad, remite un total de ocho documentos. Se trata de, entre otros, dos certificados de Seguridad Social y de Hacienda (AEAT), una declaración de la necesidad de la contratación, la orden de contratación en el BOE, la certificación de existencia de crédito y una nota informativa. Sin embargo, ni rastro de las garantías de que podía asumir el contrato por una trayectoria destacada.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas, como ha podido saber este periódico, también ha comprobado esta falta de experiencia previa. «Esta adjudicación, realizada por Puertos del Estado, fue aceptada por el presidente de dicha Entidad dos días después de que la misma hubiera realizado un pago, sin previa garantía que se conozca, muy superior al capital social de la Empresa adjudicataria y al de la que la administraba», detalló ese órgano judicial oficial en febrero de 2021.

3,9 millones

Esta empresa también consiguió un contrato de 5 millones de mascarillas FFP2 por 12,5 millones de Adif y de varios organismos públicos más. En total, se embolsó en el primer año con pandemia 53 millones. De estar sin actividad por completo, esta empresa pasó a hacerse de oro. Sus cuentas anuales recogen unos beneficios netos de 3,9 millones de euros, frente a las pérdidas 1 millón que registró en 2019 y 2018.

Del mismo modo que los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño cobraron como comisión 6 millones del Ayuntamiento de Madrid, esta compañía también consiguió pingües ingresos limpios por su trabajo suministrando mascarillas al comienzo de la pandemia. Ahora llama la atención que ha invertido parte de esos ingresos en denunciar en los tribunales a ciudadanos que han criticado estas contrataciones.

La denuncia del PP contra esta empresa recoge que los contratos se hicieron por procedimiento negociado sin publicidad y con carácter de emergencia, de forma directa. La compañía adjudicataria «con sede en Zaragoza ofrece servicios de desarrollo en actividades internacionales, principalmente energía, agua y agricultura. Opera principalmente en países africanos como Angola, Guinea Ecuatorial, Mauritania o Túnez. Pero desde 2017 no comunica ningún proyecto. Ese año presentó una central eléctrica en Angola».

China

El equipo de Ayuso apuntó que «no parece que su actividad social tenga directa relación con China para poder suministrar material sanitario en dicho mercado».

También el PP hace referencia a que la cifra de negocio pasó de 0 euros en 2019 a 53,13 millones. El auditor de la empresa reflejó que «la totalidad de los ingresos de la sociedad provienen del suministro de equipos de protección individual a distintos entes públicos y privados». Del mismo modo, destaca que «no consta comprobación, tal y como determina el Consejo de Estado o el Tribunal de Cuentas, de la correlación del objeto social de la empresa con el contrato o su solvencia económica para comprobar la idoneidad de la empresa».