Más problemas para Sánchez: la ‘fontanera’ Leire Díez imputada por cohecho y tráfico de influencias

El juez Arturo Zamarriego, titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, ha citado el próximo 11 de noviembre para declarar como investigada, figura que hasta ahora se conocía como imputada, por los delitos de cohecho y tráfico de influencias a Leire Díez, fontanera del PSOE, mientras que también tendrán que declarar como testigos a Jacobo Teijelo, abogado de las cloacas y de Santos Cerdán; al empresario Javier Pérez-Dolset, y al guardia civil Rubén Villalba.

El magistrado indagará sobre la presunta intención de la ex militante socialista de realizar supuestas maniobras para influir en procesos judiciales en los que, presuntamente, estarían vinculados cargos del PSOE o próximos a la formación.

La ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Vega de Pas saltó a la luz pública después de que se desvelara el audio en el que pedía a un empresario investigado información comprometedora de Antonio Balas, teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y responsable de las pesquisas sobre Begoña Gómez, el fiscal general del Estado o los implicados en el denominado caso Koldo.

El juez Zamarriego sí que admite la denuncia presentada por la asociación Hazte Oír en lo relativo a los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Sin embargo, la asociación también se había querellado por un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos por «el ofrecimiento de fotos íntimas de un fiscal a un diario». Sin embargo, el juez considera que «para proceder por dicho delito es necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal».

«Encargo para neutralizar a la UCO»

El magistrado recuerda que en la denuncia de la organización se describe que la ex militante socialista, presuntamente «recibió un encargo para neutralizar las investigaciones llevadas a cabo por la UCO sobre delitos supuestamente cometidos por dirigentes socialistas».

«En base a ello, Díez se reunió en el mes de febrero de 2025 con Alejandro Hamlyn, empresario acusado por un presunto delito de fraude de hidrocarburos», ahonda en su auto el titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid.

El relato de los hechos que recoge el juez señala que «la denunciada ofreció a Hamlyn un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía para evitar su condena a cambio de información sobre un supuesto caso de corrupción que implicaría al teniente coronel Antonio Balas, jefe de la UCO».

En el caso de su reunión con el comandante de la Benemérita Rubén Villalba, asegura que se vio con él para «ofrecerle protección judicial y un puesto en la Dirección General de la Guardia Civil a cambio de información sensible para desmontar la Guardia Civil y echar por tierra las causas judiciales que afectan al partido socialista».

Se trata de la segunda investigación que abre un juzgado de Madrid después de que la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, María Pilar Martínez, acordase abrir diligencias previas para investigar a Leire Díez por un presunto delito de tráfico de influencias. Lo hizo tras