Marlaska usa a los funcionarios de prisiones como escoltas de presos por la falta de agentes de la Guardia Civil

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está usando a los funcionarios de prisiones como escoltas de presos por la falta de agentes de la Guardia Civil. En concreto, está obligando al personal penitenciario a custodiar a los reclusos en sus traslados en ambulancia al hospital. Unas funciones que no les corresponden y que han generado un gran malestar en el colectivo, que no porta armas de fuego y teme por su integridad física, así como fugas.

Tanto la escolta a centros hospitalarios no penitenciarios como el acompañamiento de los internos en ellos han de hacerla efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Tan sólo recaerá en funcionarios de Instituciones Penitenciarias «excepcionalmente», y únicamente «en casos de urgencia o necesidad perentoria». Así lo dispone el artículo 36 del Reglamento Penitenciario, en el que se regulan estás salidas.

Cinco traslados en cuatro días en Cádiz

Sin embargo, esta situación excepcional empieza a convertirse en cotidiana por la falta de efectivos de la Guardia Civil, según ha podido saber OKDIARIO. Por ejemplo, los pasados 13, 14, 15 y 16 de octubre, los funcionarios de prisiones de Cádiz tuvieron que asumir hasta cinco traslados. Cuatro de ellos se produjeron en el centro penitenciario de Puerto III, que se ha convertido en la prisión más peligrosa de España, y uno en Puerto II.

En todas esas ocasiones, como la Guardia Civil, por falta de personal, no disponía de dotación para custodiar a los reclusos, se ordenó a funcionarios de prisiones que asumieran la vigilancia y el acompañamiento de los internos en las ambulancias hasta el Hospital Universitario de Puerto Real, donde en algunos casos tuvieron que esperar a la llegada de efectivos policiales para formalizar la entrega.

Inseguridad jurídico-legal

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha puesto pie en pared contra esta situación denunciándola públicamente en OKDIARIO. «Los funcionarios de prisiones no portamos armas de fuego, lo que genera una situación de inseguridad jurídico-legal al personal penitenciario al que se le ordena este acompañamiento», declara a este diario Gonzalo Arboledas, presidente de este sindicato.

Además, señala que «el riesgo que genera una posible fuga o incidentes violentos, tanto en el trayecto por carretera como en el centro hospitalario, para los funcionarios de prisiones y también para la seguridad de la población civil de esos municipios, en caso de que se produjera».

La falta de médicos dispara los traslados

Desde la APFP advierten igualmente de que «la falta de médicos en los centros penitenciarios supone también una presión asistencial que incrementa la frecuencia de urgencias médicas».

En el caso de Cádiz, la población reclusa de los tres centros penitenciarios del Puerto de Santa María es de unos 2.000 internos y su asistencia sanitaria está bajo la responsabilidad de siete médicos: tres de ellos en Puerto III, dos en Puerto II y otros dos en Puerto I.

«Este problema de falta de efectivos de la Benemérita se arrastra desde hace meses y tanto son conscientes de él tanto la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como el Ministerio del Interior, pero no ponen ninguna solución», critica el presidente de la APFP.

Por ello, esta asociación exige al Ministro del Interior una dotación inmediata de efectivos de Guardia Civil o que estas competencias pasen a la Policía Nacional y así se garantice la seguridad, vigilancia y custodia de los presos en todas las urgencias hospitalarias, «en aras de una contribución mayor a la seguridad pública y sin poner en peligro a los funcionarios de prisiones».

Asimismo, urge al cumplimiento de la disposición adicional sexta de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que fijó hace más de dos décadas la transferencia de la Sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. Un mandato legal sistemáticamente incumplido mientras el servicio sanitario penitenciario colapsa y sólo lo han asumido las comunidades autónomas de Cataluña, País Vasco y Navarra.