El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido en una carta remitida este martes al consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, que la seguridad pública, de acuerdo a la legislación, es «competencia exclusiva del Estado» y que, por tanto, el primer punto del orden del día de la próxima reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña debe centrarse en el «análisis general de la seguridad pública» en dicha comunidad autónoma.
En una carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, firmada por el ministro y fechada este 28 de agosto, el titular del Interior insiste en su ofrecimiento del 23 de agosto de celebrar una Junta de Seguridad entre los días 3 y 7 de septiembre. De hecho, dice que «queda exclusivamente pendiente» de que la Generalitat le comunique el día para la cumbre bilateral.
Este lunes, el consejero Buch remitió una carta al ministro Grande-Marlaska en la que le respondía a su petición de abordar la convivencia en los espacios públicos de Cataluña en la Junta de Seguridad asegurando que la «competencia» de seguridad es «exclusiva» de los Mossos d’Esquadra.
Además, el consejero le pedía «eventuales responsabilidades» de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado presuntamente involucrados en agresiones a independentistas. En su escrito, el ministro se muestra convencido de que Gobierno y Generalitat llegarán «a un acuerdo en beneficio del conjunto de la ciudadanía catalana» dentro de la «cooperación institucional» y evita pronunciarse en concreto sobre los problemas de convivencia generados en torno a la colocación de lazos amarillos y la retirada de este tipo de simbología de personas contrarias a la independencia de Cataluña.
Grande-Marlaska recuerda sus conocimientos como jurista y, tras remitirse a la Constitución y a la Ley Orgánica 2/1986, insiste al consejero Buch en la necesidad de que el punto 1 de la Junta de Seguridad sea el siguiente: «Análisis general de la seguridad pública en Cataluña: Convivencia en el espacio público, índice de criminalidad, apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en circunstancias extraordinarias y certificación de efectivos».
En concreto, Grande-Marlaska cita en su carta el artículo 149.1.29 de la Constitución, que dice que «el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias»: seguridad pública sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías de las Comunidades Autónomas.
Dichas policías, a su vez, se regulan según lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986 que contempla, entre otras disposiciones, que los Mossos «velen por el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones del Estado y garanticen el funcionamiento de los servicios públicos esenciales».
Grande-Marlaska también cita el artículo 46.2 de la Ley Orgánica, que dice: «Cuando en las prestación de un determinado servicio o en la realización de una actuación concreta concurran, simultáneamente, miembros o unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía de la Comunidad Autónoma, serán los Mandos de los primeros los que asuman la dirección de la operación».
El ministro del Interior concluye subrayando su «reconocimiento» al «MHP», en referencia al molt honorable president, Joaquim Torra, quien por ley ostenta la presidencia de la Junta de Seguridad de Cataluña, así como del propio consejero Miquel Buch.
«Quedo pendiente exclusivamente», cierra la carta Grande-Marlaska, «de que se fije la fecha dentro de las solicitadas y agradezco las facilidades para que podamos llegar a un acuerdo, interesando nos proponga alguna concreta y cerrar nuestras recíprocas agendas».
La Junta de Seguridad, como órgano bilateral, se celebró en sesión extraordinaria el pasado 28 de septiembre, dos días antes de la celebración del referéndum del 1-O declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Aquella reunión fue presidida por el que entonces era presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y contó con la asistencia de su jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero.
El Ministerio del Interior encabezó su delegación con el entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, participando también el Director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaria de Estado, Diego Pérez de los Cobos, quien había sido asignado por la Fiscalía como coordinador para el dispositivo que debía impedir el 1-O.
