La Generalitat intenta intimidar a funcionarios para que no accedan a informes de golpistas presos

El departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, de quien depende Instituciones Penitenciarias, ha abierto una información reservada que afecta a más de una decena de funcionarios de las prisiones catalanas, por “haber accedido injustificadamente” a las fichas penitenciarias de los políticos presos catalanes.

De momento, la consejería dirigida por Ester Capella, ha citado a declarar a dos funcionarios en la instrucción de esta investigación y ha solicitado hasta diez informes por casos similares, donde se ha detectado acceso a las fichas de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Carme Forcadell, Jordi Cuixart, Josep Rull, Jordi Turull, Quim Forn, Raül Romeva o Dolors Bassa. Según fuentes de Instituciones Penitenciaras consultadas por este diario, en ningún caso se justifica el acceso a dichas fichas para desarrollar su trabajo.

Las fichas forman parte de la base de datos del SIPC, el Sistema de Información Penitenciario Catalán, al cual tienen acceso más de 4.500 funcionarios que trabajan en las trece prisiones que dependen de la Generalitat de Cataluña. De momento desde Justicia no se atreven a confirmar si con estos “accesos injustificados” a las fichas de los ex consejeros catalanes se pretendía hacer un uso fraudulento de la información, que desde ese mismo sistema de información se pueden imprimir, pero para evitar su filtración y cualquier intención de alguno de los funcionarios que han accedido, se ha abierto esta investigación con carácter de momento, intimidatorio.

En las fichas penitenciarias, entre otras cosas, aparecen los antecedentes de todos los presos así como su evolución y comportamiento dentro la prisión y las incidencias que hayan podido tener durante su estancia en un correccional. Además, en esa ficha también se adjuntan las fotografías que se les hace a los presos a su ingreso en un centro penitenciario.

Evitar lo que ocurrió en Estremera

Aunque en aquella ocasión fue un preso con permisos que salía durante el día de la prisión, quién grabó y posteriormente vendió las imágenes de los políticos presos catalanes dentro la cárcel, desde Instituciones Penitenciarias quieren evitar que se repita una filtración similar a la que en aquella ocasión se produjo, ante el enfado de los familiares. Ahora los presos dependen de la Generalitat, y cualquier error de estas características provocaría un cataclismo político.