Marlaska admite que 16 etarras fueron al médico sin vigilancia tras ceder las cárceles al Gobierno vasco

El último informe del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Balance del Terrorismo en España, admite que hasta 16 etarras pudieron salir de la cárcel sin vigilancia policial para acudir al médico y a hacer otras gestiones. El dossier está firmado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y afirma: «Además de la aplicación del régimen penitenciario más favorable, que se equipara con una semilibertad, el Gobierno vasco concedió al menos dieciséis permisos extraordinarios a reclusos vinculados con ETA para salir de la cárcel sin custodia». Todo ello después de que el Gobierno concediese el traspaso de la gestión de Prisiones al Gobierno vasco.

Estos hechos fueron revelados en su día por El Correo, que informó de un goteo de salidas de etarras de prisión sin custodia policial, sobre todo para acudir al médico o al dentista. Ahora se recoge textualmente en un informe, con el visto bueno del propio ministro del Interior. Bajo el mandato de Marlaska se ha completado el traslado de los presos de ETA a las cárceles del País Vasco y Navarra.

Entre los etarras beneficiados por esas sorprendentes salidas figuró, por ejemplo, Mikel Otegi, asesino de dos ertzainas y condenado a 34 años de cárcel. El viceconsejero vasco Jaime Tapia justificó en su día su salida al dentista sin custodia policial por la «economía de gasto». Tapia reconoció que estos desplazamientos a distintas visitas médicas son una práctica «relativamente habitual». Los etarras pueden beneficiarse de estos permisos con un simple informe médico y salir de la cárcel sin acompañamiento.

Se trata de un permiso «extraordinario» en el que, presuntamente, se valora que no exista riesgo de fuga, y que se basa en el artículo 155.4 del Reglamento Penitenciario, que especifica que «la salida de internos para consulta o ingreso, en su caso, en centros hospitalarios no penitenciarios será acordada por el centro directivo». Sin embargo, este artículo determina que el director de la prisión solicitará «al órgano autonómico competente la fuerza pública que deba realizar la conducción y encargarse de la posterior custodia del interno en el centro hospitalario no penitenciario».

«Régimen más favorable»

Sorprende, igualmente, que en el mismo informe se reconozca abiertamente que el Gobierno vasco aplica un «régimen penitenciario más favorable» a los presos etarras «que se equipara con una semilibertad».

Según el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, 32 presos de ETA «fueron puestos en libertad tras cumplir condena, 29 se beneficiaron de progresiones de grado, aunque varias de ellas fueron revertidas por los tribunales, y otros 17 fueron trasladados a cárceles situadas en el País Vasco».

«Al acabar 2023, el Gobierno vasco había concedido un total de 61 progresiones de grado desde que asumió las competencias penitenciarias», concluye también el dossier. «Los jueces habían revocado 15 de esas 61 reclasificaciones».

Ataques a partidos

El informe también recoge los distintos ataques protagonizados por el entorno radical proetarra en el País Vasco contra distintos dirigentes políticos. Así, menciona en concreto que «ocho batzokis del PNV en Guipúzcoa fueron objeto de pintadas en favor de presos de ETA que estaban en huelga de hambre». «En mayo, en Hernani, las pintadas fueron contra dirigentes del PSE, entre ellos el ex lehendakari Patxi López, el entonces delegado del Gobierno, Denis Itxaso, o el ex consejero de Interior, Rodolfo Ares. El PP sufrió un intento de obstaculizar un mitin de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que provocó la intervención de la Policía Autónoma».

«A lo largo del pasado año, las fuerzas de seguridad pusieron en marcha varias investigaciones sobre diversos episodios de violencia registrados en el País Vasco y protagonizados por miembros de la izquierda abertzale. En el mes de mayo, la Policía Nacional detuvo a tres personas en Bilbao y a otras dos en Vitoria acusadas de llevar a cabo ataques contra sendas carpas informativas del partido Vox. Los arrestados, vinculados con los Consejos Socialistas nacidos de la disidencia de Sortu, fueron acusados de desórdenes públicos, un delito de odio, daños y lesiones», se puede leer en el documento avalado por Marlaska. Cabe recordar que Sortu forma parte de Bildu, socio preferente del Gobierno de Pedro Sánchez.