María Jesús del Barco, juez decana de Madrid: «El PSOE cambió la elección del CGPJ buscando su control»

María Jesús del Barco Martínez, Palencia, 51 años. Ingresa en la carrera judicial por oposición en 1988. Ejerce en los juzgados de Ordes (A Coruña), Carrión de los Condes (Palencia), en lo Penal (Cuenca), Arganda del Rey  y, finalmente, Madrid. En 2018 fue elegida por jueces y magistrados como juez decana de los juzgados de Madrid. Además, es portavoz nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

 PREGUNTA.- ¿Cómo definiría la actual situación de la Justicia en España? 

RESPUESTA.- La Justicia en nuestro país se administra hoy por jueces independientes, comprometidos con la Constitución y con los principios y los valores democráticos de la Unión Europea, técnicamente muy preparados, que desempeñan sus funciones centrados en el amparo y la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Los jueces creemos en el Estado de Derecho como el único sistema que garantiza una convivencia pacífica y de progreso social, y que permite la libertad y la igualdad de los ciudadanos. Pero sentado lo anterior, la verdad es que me gustaría contestarle que la situación de la Justicia, como un servicio público esencial en una sociedad democrática para la tutela judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos, ha mejorado en los últimos tiempos, pero me temo que no es así.

La administración de Justicia sigue siendo la gran olvidada por los diferentes gobiernos que se han sucedido en nuestra democracia; llevamos muchos años reclamando un pacto de estado de los principales partidos políticos que se centre en las necesidades reales de la administración de Justicia en nuestro país y que, de una vez por todas, nos sitúe en el siglo XXI. Pero para ello, es necesario no sólo la voluntad política también la disponibilidad presupuestaria.

P.- Los españoles, ¿pleitean mucho?

R.- Hay que establecer mecanismos de resolución de los conflictos previos a la jurisdicción, porque no pueden llegar a los juzgados reclamaciones de cantidad de 30 euros y, sobre todo, es evidente que debemos elevar la ratio del número de jueces por habitante, que en nuestro país es de los más bajos de Europa, 11,4 jueces por cada 100.000 habitantes cuando la media europea es de casi 18, y en países como Alemania esa ratio es de 24. Pero si el retraso en la administración de Justicia es ya un mal endémico.

P.- Control de los jueces, quieren algunos políticos…

R.- No se trata de establecer sistemas de control de los jueces porque la esencia de la función jurisdiccional es su independencia, y cualquier intento de controlar al juez es un atentado a su independencia, a la clave de bóveda de la separación de poderes; los jueces sólo estamos sometidos al imperio de la ley, y le aseguro que es el mayor de los controles, cumplir y hacer cumplir la ley. Lo que hoy están reclamando a España todos los organismos europeos es la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial: la Comisión Europea, el Consejo de Europa, GRECO, la Comisión de Venecia, etc. y esta modificación legal la venimos demandando desde la Asociación Profesional de la Magistratura desde que en el año 1985 se cambió el sistema entonces vigente y, contraviniendo la voluntad del constituyente, se nos privó de la facultad de elegir a los 12 vocales de procedencia judicial. En 1985, el PSOE cambia la Ley Orgánica y atribuye la elección de los 20 vocales, sin distinción, al Congreso y al Senado por mayoría de tres quintos. Esta ley fue recurrida ante el Tribunal Constitucional que en la sentencia 108/1986, de 29 de julio declaró su constitucionalidad siempre que las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, no actuasen con criterios políticos, esto es, atendiendo sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyendo los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos.

La lógica del Estado

El propio Tribunal Constitucional advertía de que la lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial. Sin embargo, la realidad ha sido tozuda y nos ha demostrado que los partidos políticos han querido llevar al CGPJ su representación en el Parlamento y que, sobre todo, y lo que más les preocupa es intentar a través de nombramiento de los vocales controlar el órgano de gobierno de los jueces y, fundamentalmente, los nombramientos de la alta cúpula judicial. Porque por desgracia, los políticos no demuestran el mismo interés cuando de mejorar las condiciones y la calidad de la administración de Justicia se trata. Europa lleva años diciendo a España que es necesario cambiar este sistema de elección, porque reiteradamente ha recordado que, en aquellos países en los que exista un órgano de gobierno de los jueces, -en nuestro caso el CGPJ-, de composición mixta, es decir, de jueces y de juristas, los vocales judiciales deben ser elegidos por sus iguales, por jueces, porque lo que está sucediendo hoy en nuestro país daña la imagen de independencia de los jueces.

En los informes que hemos conocido las últimas semanas de la Comisión Europea y de GRECO no se cuestiona, en modo alguno, la independencia de los jueces de nuestro país, pero se dice que este sistema de elección de los vocales del Consejo por los políticos puede dañar esa imagen y es que, no lo olvidemos, el ciudadano no siempre percibe y conoce con claridad que es el CGPJ y puede erróneamente creer que este órgano ejerce función jurisdiccional y el Consejo no es juez, no dicta sentencias, no resuelve los conflictos de los ciudadanos, no envía a nadie a prisión ni absuelve, esa función jurisdiccional está atribuida exclusivamente a los jueces y magistrados. Y desde luego, el Consejo no da órdenes a los jueces ni puede impartir instrucción alguna sobre el modo de interpretar el ordenamiento jurídico.

P.- ¿Hay en su opinión, una justicia «para ricos», y otra «para pobres»? 

R.- Rotundamente no. La ley es igual para todos y los jueces aplicamos esa ley con independencia de quién sea el destinatario de la misma. Buena prueba de ello es que en este país se ha condenado al yerno del Rey, a ex ministros de gobiernos tanto del PSOE como del PP, ex presidentes de comunidad autónoma, etc. Si existiera una justicia para ricos, ¿alguno de ellos hubiera entrado en prisión?

 P.- Existen dirigentes políticos en activo que venían a salvarnos, eso dijeron, de las garras de «jueces conservadores». Cuando se les condena «por hechos probados» dicen que la judicatura española es «corrupta».

R.- Ciertamente, en los últimos tiempos y con demasiada frecuencia, escuchamos a determinados miembros de la clase política tacharnos a los jueces de franquistas, fascistas, machistas y apelativos varios; aunque, en realidad, estas manifestaciones sólo se producen cuando son condenados los de su partido, mientras que si el condenado es el adversario político, entonces ese día los jueces somos progresistas y hemos actuado debidamente, de acuerdo con lo que quiere el pueblo, cuando en realidad, más que la voluntad del pueblo se trata de la propia voluntad del que habla, obviando, además, que la voluntad del pueblo es la que se ha manifestado en la Ley en esta democracia representativa en la que vivimos y convivimos. Tacharnos de corruptos a los jueces pues ¿qué quiere que le diga? creo que la realidad ha demostrado dónde está la corrupción en nuestro país y no es precisamente en la carrera judicial. Aunque curiosamente, los mismos que nos tachan a los jueces de corruptos, en ocasiones elevan a los altares a jueces que han sido apartados de la carrera por cometer el peor de los delitos que puede cometer un juez: prevaricar.

Conservadores y progresistas

Hay que decir también que quienes nos tachan de conservadores lo hacen porque aplicamos la Constitución y la ley, que es la obligación primordial que tenemos los jueces en el desempeño de la función jurisdiccional en el Estado de Derecho. Lo que le sucede a algunos de los políticos de nuestro país es que sólo les gustan las sentencias cuando entienden que pueden beneficiar a sus intereses electorales, pero la Justicia se mueve con otro parámetro, -el único, en realidad-, la aplicación de la ley. Lo que le sucede a algunos de los políticos de nuestro país es que quieren cambiar la decisión ajustada a la ley por la decisión que se ajusta su voluntad. Lo que le sucede a algunos de los políticos de nuestro país es quieren sustituir al juez independiente, de carrera, formado, que ha superado una oposición, y que no admite presiones de ningún tipo ni de nadie, por jueces del partido, y eso es propio de regímenes totalitarios, pero no de democracias. -Importantes e influyentes medios -nacionales y extranjeros, fundamentalmente europeos-siguen sin entender cómo el actual Gobierno humilló al Tribunal Supremo en el tema de los indultos a los que perpetraron la intentona golpista en Cataluña… La concesión del derecho de gracia es una facultad que nuestra Constitución otorga al Gobierno y es quien puede indultar o decidir no hacerlo.

Dicho lo anterior, y siendo ésta una decisión de carácter político, lo que no parece asumible ni aceptable es, que para justificar un indulto, quien ostenta la Jefatura del Ejecutivo califique la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, o por cualquier juez de este país, como un acto de venganza o de revancha. Todos y cada uno de los jueces que integran carrera judicial en España aplicamos la ley, y si en la aplicación de la ley hay que condenar a un político por delitos de sedición o por malversación de caudales públicos, los jueces tenemos que hacerlo, pues es nuestra obligación constitucional, salvo que se pretenda que ser político otorgue una especie de patente de corso que permita delinquir sin consecuencias. La Sala Segunda Tribunal Supremo hizo su trabajo: valorar la prueba presentada tanto por las acusaciones como por las defensas y aplicando la ley, dictar sentencia. Sin revanchas y sin venganzas. Simplemente desempeñando su función jurisdiccional. .

P.- Con sus años de experiencia, en ocasiones vistiendo toga e impartiendo justicia, ahora como juez decana en Madrid, ¿podría decirme qué es, en esencia, un juez?

R.- Un juez es una persona comprometida con la sociedad en la que desempeña su función, con una clara vocación de servicio a los demás, que entiende que sólo en el Estado de Derecho y dentro del Estado de Derecho, es posible una convivencia pacífica, porque sólo así pueden salvaguardarse los derechos y libertades de los ciudadanos, y hacer una sociedad más justa para todos. Un juez lleva en el ADN su independencia. Siempre he creído que un juez debe ser una persona honesta y prudente; empático, porque cada día decide sobre la vida de otros, su hacienda, su libertad, si verá o no a sus hijos los fines de semana, etc. y desde luego, no puede ser un cobarde, no puede tener miedo, hay que ser firme y hay que ser valiente para tomar aquella decisión ajustada a Derecho siempre, aun a sabiendas de que recibirá críticas, pero con la conciencia clara de que la aplicación de la ley no se puede amilanar ante las críticas o descalificativos de terceros. -Se critica, y mucho, la lentitud de la Justicia en España…

P.- ¿Hay pocos medios, pocos jueces o trabajan poco? 

R.- Hay pocos medios, hay pocos jueces y se trabaja mucho. Creo que el compromiso de los que integramos la carrera judicial con nuestro trabajo y con la función que desempeñamos es enorme y ello hace que, en muchas ocasiones, sacrifiquemos el tiempo que podíamos estar dedicando a nuestros hijos, a nuestros amigos, a sacar adelante, -con los mimbres que tenemos-, la carga de trabajo de nuestros juzgados. Obviamente, habrá como en todas las profesiones, jueces que trabajen menos, pero la regla general es que trabajamos por encima de lo razonable y en ocasiones hasta de lo prudente, para nuestra salud. Pongan a nuestra disposición los medios necesarios y nosotros podemos resolver en plazo.

P.- ¿Qué consejos pudiera dar a una joven o a un joven que le gustaría dedicarse a la función judicial? 

R.- Vivimos en una sociedad en la que el mérito y la capacidad están de capa caída. En los últimos tiempos escuchamos con frecuencia a determinados políticos y a los medios de comunicación que le sirven de altavoz, que los jueces somos todos de clase privilegiada, niños ricos que un día decidimos estudiar la oposición. Esto supone desconocer por completo la realidad de lo que es la oposición, y el tiempo de esfuerzo, de estudio, de sacrificio y también la incertidumbre porque sabes que puedes estar años pregonando la oposición, estudiando día a día, y finalmente suspender.

La oposición requiere estudiar mucho, esforzarse mucho y olvidarse de las redes sociales y limitar el tiempo de ocio durante unos años. Pero una vez que decides que quieres ser juez, que te empeñas, haces el esfuerzo, estudia y apruebas, la recompensa es grande. Porque es verdad que, a veces, veo a muchos jueces desanimados por la situación, porque por más que trabajas no dejan de entrar procedimientos en tu mesa y parece que es inagotable y que no das abasto. Pero a mí me parece que esta profesión requiere vocación, que una vez que empiezas a trabajar te gusta cada día más y que te da más satisfacciones que disgustos. Así que si te gusta el Derecho, si crees en los principios y en los valores constitucionales, ser juez puede ser tu profesión.