Congreso de los Diputados

Olona arrincona a Batet: la presidenta calla sobre si encargó el informe que avala a Alberto Rodríguez

Meritxell Batet
Meritxell Batet
Segundo Sanz

La presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Meritxell Batet, ha evitado este martes asumir el encargo del informe -sin firma- de los servicios jurídicos de la Cámara baja que avala la continuidad de Alberto Rodríguez (Podemos) como parlamentario, pese a ser condenado en firme e inhabilitado por el Tribunal Supremo. En la Junta de Portavoces y a instancia primero de la secretaria general del grupo de Vox, Macarena Olona, y del portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, en un segundo turno, Batet no ha respondido sobre si el encargo de este controvertido informe, que no era preceptivo ni vinculante, lo hizo ella como máxima responsable de la Cámara, según fuentes parlamentarias.

Fuentes de la Presidencia del Congreso también han afirmado a OKDIARIO que Batet no encargó el informe sino que se hizo «de oficio, como con todo lo que llega la Mesa». Sin embargo, fuentes parlamentarias desmienten tal extremo a este periódico y aseguran que el índice rojo con los temas a tratar por la Mesa llega con una nota explicativa y una consiguiente propuesta para cada cuestión, pero no con un informe ad hoc como ocurre en este caso. De hecho, este informe era el único que constaba en el índice rojo de temas abordado hoy por la Mesa.

El propio Iván Espinosa de los Monteros ha denunciado el silencio de Batet en rueda de prensa al término de la Junta de Portavoces y después que la Mesa de la Cámara acordara una hora antes, con los votos de PSOE y Podemos, dejar sin efecto la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que le inhabilitada para seguir como diputado. Rodríguez fue condenado por agredir a la Policía en una manifestación en 2014.

Espinosa de los Monteros ha explicado que él mismo tras hacerlo su compañera Macarena Olona habían preguntado en la Junta de Portavoces quién había solicitado ese informe, pero Batet optó por guardar silencio y pasó la palabra a otro asistente a la reunión. «Nadie sabe de dónde ha salido, no lo firma nadie, es todo peculiar», ha criticado el portavoz de Vox.

Así, Espinosa ha defendido que «no cabe criterio interpretativo alguno» porque, desde su punto de vista la sentencia es muy clara y Rodríguez debe ser despojado de su escaño por haber sido condenado a una pena principal de prisión, aunque hubiera sustitución por multa.

«Cacicada»

«Esto es una cacicada contra el Estado de Derecho la división de poderes y un golpe al prestigio de las instituciones», ha enfatizado Espinosa de los Monteros, avanzando que Vox ha pedido a la Junta Electoral que se pronuncie sobre el caso y que espera que sea «más responsable y diligente» que la Mesa. Además, la tercera fuerza del hemiciclo va a solicitar al Tribunal Supremo que aclare si su sentencia «comporta o no la pérdida del escaño».

«Este delincuente agresor de policías no puede seguir ni un minuto más votando y cobrando en esta Cámara. Vamos a poner toda la fuerza e nuestro servicio jurídico para que se cumpla la ley», ha remarcado el portavoz de Vox.

El Tribunal Supremo condenó a Alberto Rodríguez como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad a una pena de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La pena de prisión quedó sustituida por pena de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros).

En base a esta sustitución, el informe de los letrados agrega que «atendiendo al literal del artículo 6.2 a) de la LOREG, que vincula la inelegibilidad con la condena penal firme a pena privativa de libertad en el período que dure la pena, no cabría apreciar en este caso la concurrencia de tal inelegibilidad, toda vez que la pena privativa de libertad, en tanto que sustituida ab origine, no ha llegado a nacer en ningún momento». Este es uno de los argumentos presentes en el escrito que el propio Alberto Rodríguez elevó la semana pasada a la Mesa del Congreso en contra de la sentencia del Supremo. Y al que este martes PSOE y Podemos se han agarrado para que el condenado Rodríguez siga de diputado.

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