Los agresores sexuales beneficiados por la Ley Montero llegan hasta el 70% en algunas provincias

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 12/05/2023 06:48
  • Actualizado: 12/05/2023 08:36

La conocida como Ley del sólo sí es sí ha beneficiado, al menos, a 1.079 agresores sexuales, que han visto rebajada su condena, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Entre ellos, 108 ya han podido salir de prisión de forma anticipada. Pese a que Irene Montero atribuyó estas consecuencias a una «minoría» de jueces «contrarios a la ley», las cifras reflejan que el porcentaje de revisiones que implican reducción de condena llega a superar incluso el 70% en determinadas audiencias provinciales.

Si bien la media se sitúa en el 30,8%, las diferencias por provincias son especialmente significativas. Así, por ejemplo, en Gerona, de 11 revisiones, 8 se han cerrado con una rebaja de condena y 2 con la excarcelación del agresor. En Castellón, de 49 presos que han solicitado la revisión, 30 han sido beneficiados. En muchas, el porcentaje ronda el 50 por ciento: en Vizcaya, de 90 revisiones, 42 han tenido un resultado favorable al condenado; en Salamanca, ocho de las 16 peticiones se han saldado con la rebaja de pena.

En total, en las audiencias provinciales se han revisado un total de 2.138 condenas y se han producido 940 reducciones de penas y 103 excarcelaciones desde la entrada en vigor de la ley, en octubre pasado. Otras 231 revisiones están aún en trámite.

En cuanto a los tribunales superiores de Justicia, el 27,7% de las revisiones han implicado una reducción. Aunque también en este caso existen diferencias por comunidades autónomas. En Aragón, por ejemplo, de las cinco condenas revisadas, cuatro han concluido en una reducción de condena, con tres excarcelaciones. En el lado opuesto está Castilla y León. Se han revisado 15, pero en ningún caso ha habido rebajas. En Galicia, de ocho revisadas, cinco han beneficiado al condenado. En Navarra, la relación es de cuatro rebajas en ocho revisiones. Es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el que ha revisado un mayo número de penas, 45, con nueve reducciones de pena.

En cuanto al Tribunal Supremo, el porcentaje asciende al 42,6%. Se han revisado 47 condenas y en 20 se ha reducido la pena. Mientras que en la Audiencia Nacional se han producido siete revisiones de condenas y se ha reducido una de ellas, sin que se haya producido ninguna excarcelación.

En la sentencia del caso Arandina, el Supremo fijó que la aplicación de esta ley, impulsada por Montero, pero que contó con la aprobación de Pedro Sánchez, es «obligatoria» por ser «más favorable» al reo. Es decir, se debe aplicar la retroactividad de la ley penal más «beneficiosa». Así, el artículo 2.2 del Código Penal determina que «tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una Ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario».

La reforma promovida recientemente por el PSOE para tratar de prevenir las consecuencias de la ley -elevando el cuadro penológico- no evitará, en cualquier caso, que las rebajas y excarcelaciones sigan produciéndose. Fuentes del CGPJ estiman que los efectos de la ley continúen en los próximos cinco años. El Tribunal Supremo ha fijado un pleno los próximos 6 y 7 de junio para unificar doctrina sobre la aplicación de la ley. Los magistrados de la Sala Penal resolverán entonces una veintena de recursos interpuestos por la Fiscalía contra autos donde se han rebajado condenas firmes.

Cabe recordar que, aunque la ley fue impulsada por el Ministerio de Igualdad, contó en todo momento con la aprobación de Pedro Sánchez, que le dio el visto bueno en el Consejo de Ministros del 6 de julio de 2021. Como reveló este periódico, Moncloa llegó a enviar un informe a Igualdad en el que advertía de la rebaja de las penas y pedía que se aumentasen. Pese a ello, Sánchez la acabaría aprobando.