La Ley de Memoria Histórica pasa el trámite del CGPJ con la negativa a prohibir la Fundación Franco

La Ley de Memoria Democrática ha conseguido pasar el trámite de informes en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero como ocurriera con la Fiscalía donde el informe salió adelante con el voto de calidad de la fiscal general del Estado Dolores Delgado, la ley liderada por la vicepresidenta Carmen Calvo ha cosechado férreas opiniones en contra, lo que ha llevado a algunos vocales del PSOE a emitir voto particular. Los vocales han aprobado el informe que pone pegas a la prohibición de las fundaciones franquistas, como la Fundación Francisco Franco.

Aunque finalmente la ley ha conseguido superar el trámite, el informe que presentaron los dos vocales del CGPJ, Roser Bach y Wenceslao Olea, es más que crítico y pone en la picota algunos de los aspectos más polémicos, como es el caso de la ilegalización de asociaciones y fundaciones. El informe explica que, la apología franquista que determinadas asociaciones puedan realizar, está amparada por la ley (libertad de expresión) siempre que «no se humille a las víctimas». Esto deja en el aire la posibilidad de prohibir este tipo de asociaciones.

Pero pese a lo crítico del informe, el mismo cuenta con el aval del Ministerio Público y del órgano de Gobierno de los jueces y, por tanto, la nueva ley, de aprobarse tal y como está redactada pues los informes no son vinculantes, permitiría ilegalizar la Fundación Francisco Franco. Ahora, tan sólo falta un trámite para que se apruebe, y es que pase la votación en el pleno del Congreso de los Diputados.

Esta nueva ley permite, entre otras cosas, extinguir las fundaciones que hagan apología del franquismo, la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos, la exhumación de víctimas del franquismo sufragada con dinero público y la significación del Valle de los Caídos.

La ley de Calvo ha estado rodeada por la polémica desde el principio. Buena prueba de ello es que la falta de consenso con ley ha llegado al extremo de que, ni siquiera los dos ponentes del informe se ponían de acuerdo, lo que obligó a que fuera sustituidos por Olea y Bach. Es más, esa falta de acuerdos obligó al consejo ha tener que solicitar una prórroga al Gobierno para poder redactar el documentos, y ha terminado con una votación dividida, con 15 votos a favor y seis en contra. En la votación ha habido votos particulares de dos vocales.

El informe

Tal y como publicó OKDIARIO, el informe del CGPJ pone en valor la declaración del Parlamento Europeo que equiparó el nazismo con el comunismo en 2019. Así, en opinión de los dos vocales, la consideración de «actos contrarios a la memoria democrática» debería seguir aquella pauta que reclamó a los estados de la UE «una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los regímenes fascistas y estalinistas, y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado”.

El informe deja buenas noticias para la Fundación Francisco Franco, a la que el Gobierno colocó en la diana al fijar como causa para extinguir las fundaciones «la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales».

Pero, según el escrito de los vocales Bach y Olea, «la apología del franquismo, sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas, constituye la expresión de ideas que, aunque contrarias a los valores proclamados por la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión». De ahí que ambos vocales indiquen que el Gobierno debería precisar esa disposición para no incurrir en inconstitucionalidad.