La ley de la Huerta de Puig y Oltra amenaza con expropiar a los propietarios que no cultiven sus campos

El PSPV, Podemos y Compromís intentan auspiciar una ley que podría provocar que los agricultores perdieran sus campos. Esa es la principal y más grave consecuencia de la puesta en marcha de esta futura medida propuesta por la izquierda valenciana y que, paradójicamente y si nadie lo remedia, verá la luz con el nombre de Ley de Protección de la Huerta Valenciana en marzo del 2018.

«El nombre de esta ley de clara intencionalidad confiscatoria es una trampa, puesto que en realidad debería llamarse Ley de Expropiación de la Huerta Valenciana puesto que la ley permite, no sólo la expropiación de los terrenos que no se cultiven durante dos años, sino también su arrendamiento forzoso sin el consentimiento del titular, o que estos campos pasen a formar parte de una bolsa de la Generalidad Valenciana presidida por el socialista Ximo Puig y la vicepresidenta nacionalista, Mónica Oltra. Todo ello es manifiestamente anticonstitucional», declaraba el diputado autonómico y presidente de la Gestora del Partido Popular en Valencia Luis Santamaría.

Objetivo de la ley: impedir que la agricultura sea una actividad económica

Esta ley que por otro lado carece de dotación presupuestaria, penalizará cualquier intento por parte de los agricultores y, por tanto, legítimos dueños de las tierras, de sacar cualquier rentabilidad de las mismas, puesto que no les estará permitido alterar la estructura parcelaria y su mecanización. Los agricultores tampoco podrán variar el tipo de cultivo con el que plantar en su propio terreno, ya que el tipo de cosecha deberá ser tutelado y aceptado por un órgano gestor impuesto por la Generalidad Valenciana.

La ley impondrá el cultivo ecológico prohibiendo los productos fitosanitarios que están perfectamente regulados y homologados por la Unión Europea y que por otra parte han ayudado a que «la agricultura valenciana, española y europea sea la más segura del mundo». La Ley de Protección de la Huerta Valenciana olvida el derecho al agua que debe asistir a todos los agricultores, y les responsabiliza jurídica y exclusivamente de la flora, la fauna y de todo el patrimonio histórico e hidráulico de la huerta. Para terminar de perjudicar el sector, les exige pagar de su bolsillo todas las adecuaciones de las edificaciones de la huerta exigidas por la nueva normativa.

La Consejería de Agricultura, ausente en la elaboración de la ley

Llama poderosamente la atención que una ley que acarreará tantas consecuencias para uno de los principales sectores económicos valencianos, haya sido elaborada por la Dirección general del Territorio y no por la Consejería de Agricultura, total ausente en su realización y en el debate celebrado hoy en las Cortes valencianas. Debate en el que todas las enmiendas del grupo del Partido Popular y Ciudadanos han sido rechazadas y en el que la consejera de agricultura, Elena Cebrián de Compromís, no ha hecho acto de presencia.

La asociación mayoritaria de agricultores valencianos, marginada

Cristobal Aguado, el presidente de la asociación de agricultores valencianos, AVA, entidad que representa a más de 20.000 familias que en la actualidad viven del campo, ha precisado que «la única forma de proteger la Huerta es hacer que la actividad agraria que en ella se desarrolla sea rentable. Esta la ley que saldrá adelante sin un informe de viabilidad y sin consultar a los agricultores, les reducirá a actores de una reserva india que no percibirán nada a cambio. En una especie de atracción para turistas. El 90% de los agricultores no podrán acceder a las ayudas ni tampoco a esas bolsas de suelo que el Gobierno Valenciano expropie, lo que implica que la huerta acabará en las manos de afines a Compromís en exclusiva».