La ley para ‘amnistiar’ a Begoña Gómez impedirá al Gobierno personarse en los casos de crímenes machistas

La proposición de ley orgánica impulsada por el PSOE para frenar las investigaciones al entorno político y personal de Pedro Sánchez anula una de las medidas estrella del protocolo del propio Gobierno contra asesinatos machistas. Este plan, anunciado a bombo y platillo por el Ejecutivo hace menos de dos meses, incorporaba la actuación del Gobierno como acusación popular en las muertes por violencia de género. Sin embargo, la conocida como Ley Begoña impide la personación del Gobierno y de las comunidades autónomas en estos crímenes machistas.

La nueva norma impulsada por los socialistas elimina la acción popular en causas judiciales y limita la tutela judicial. Esta modificación del sistema procesal -que el PSOE ha presentado como proposición de Ley Orgánica para eludir los dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial- sólo contempla la figura de la acusación popular en algunos casos, como cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación o delitos de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. De esta forma, los casos de asesinatos machistas no están contemplados dentro de las excepciones de la Ley Begoña.

Además, esta ley impide la personación como acusación popular de los partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos, pero también «del Gobierno, la Administración General del Estado y de los gobiernos de las comunidades autónomas». Así, con estas modificaciones, el Gobierno anula su Protocolo de Condena y Repulsa ante Asesinatos por Violencia de Género aprobado por el propio ejecutivo el pasado mes de noviembre. Concretamente, en este plan el Gobierno se comprometía como acusación popular en los procedimientos judiciales que se incoen en los casos de asesinato por violencia de género cuando la comunidad autónoma en la que han tenido lugar los hechos no ejerza dicha acción popular.

Algunas organizaciones feministas ya se han mostrado en contra de esta normativa. El presidente de la Asociación Clara Campoamor advierte de que esta propuesta legislativa supondría «mutilar la justicia y censurar la democracia». Además, ha recordado que «se ha mostrado efectiva y necesaria en la lucha contra la violencia de género» y ha logrado «modificar y mejorar la doctrina y jurisprudencia» de los tribunales. Si lo trasladamos a cifras, sólo la Comunidad de Madrid se ha personado en 75 casos de asesinatos machistas, y en estos momentos está presente en casi una treintena de ello. Algo que ya no podrá ocurrir si sale adelante la ley de los socialistas.

Librar al entorno de Sánchez

Así, la Ley Begoña, que elimina esa acusación popular que se ha demostrado efectiva en casos de asesinatos machistas, tiene un trasfondo claro: salvar a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez de sus imputaciones delictivas. La disposición transitoria única incluida en esta norma dispone que los cambios que introduce se aplicarán «a los procesos en curso en el momento de su entrada en vigor». Teniendo en cuenta que, al tratarse de una proposición de ley, todos los trámites para su aprobación se agilizan, esta maniobra del PSOE podrá aplicarse a las investigaciones que han acabado con Begoña Gómez, el hermano de Sánchez y el fiscal general del Estado imputados.

Esta nueva normativa vaciaría de acusaciones populares los casos de corrupción que asedian al presidente del Gobierno. Su aprobación conllevaría excluir a Vox de las investigaciones que cercan a Begoña Gómez y al hermano de Sánchez o dejar fuera a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) que está presente en la instrucción sobre la supuesta revelación de secretos del fiscal general del Estado.

De aprobarse la nueva normativa impulsada por el PSOE, la única acusación que quedaría en pie en los diferentes casos de corrupción que rodean a Sánchez sería el ministerio Fiscal, algo que tendría un efecto directo en las investigaciones a Begoña Gómez y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En el caso de la mujer del presidente del Gobierno, la expulsión de las acusaciones populares dejaría todo en manos del fiscal, que ya ha pedido en varias ocasiones el archivo de la causa. Algo similar a lo que ocurre en el caso de García Ortiz: si el Ministerio Público que él mismo dirige no ve delito, el caso se abocaría al archivo.