La ley de amnistía para los golpistas que urde Sánchez no podrá perdonarles los millones malversados

La ley de amnistía que Pedro Sánchez está maquinando para contentar las exigencias de los independentistas de Junts y ERC, de los que depende para la investidura, no podrá incluir el perdón de los millones de euros malversados por los cabecillas de la hoja de ruta secesionista que culminó con el golpe separatista del otoño de 2017. El referéndum ilegal del 1-O y la fallida declaración de independencia fueron la culminación de un proceso diseñado por los partidos separatistas catalanes, activado por la Generalitat desde los tiempos del presidente Artur Mas y al que se dedicaron fondos públicos de la administración autonómica.

Junts y ERC aspiran a una amnistía total, no sólo penal sino también económica. Esta última se dirime en el Tribunal de Cuentas, que ha fijado para el próximo 14 de noviembre el juicio a los 34 imputados por haber malversado millones de euros públicos en la estrategia secesionista: 3,1 millones de euros según el último cálculo de la Fiscalía –que lo ha ido rebajando conforme ha ido avanzando este proceso–, cinco millones de euros según la acusación popular que ejerce en esta causa Sociedad Civil Catalana (SCC), representada por el bufete de abogados Chapapría-Navarro&Asociados.

Fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO coinciden en que la pretendida ley de amnistía, en caso de prosperar, no podría incluir las responsabilidades contables a las que se enfrentan esos 34 imputados, entre los que se incluyen los ex presidentes independentistas Artur Mas y Carles Puigdemont, y el ex vicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, además de varios ex consejeros de la Generalitat.

Juristas con presencia directa en el propio Tribunal de Cuentas han confirmado a este periódico que la ley de amnistía sólo afectaría al ámbito penal. Es decir, podría borrar a los condenados por secesión ese historial delictivo. Pero no librarles a ellos, y al resto de imputados en el Tribunal de Cuentas, las responsabilidades que entran dentro de la jurisdicción contable, ajena al ámbito penal y, por tanto, sin posibilidad alguna de ser encajada en esa hipotética ley de amnistía.

Ni parar el juicio ni saldar las penas

Es decir, la amnistía ni podría suspender el proceso que hay abierto en el Tribunal de Cuentas –además, tampoco llegaría a tiempo esa amnistía antes de la fecha del juicio– ni perdonar a posteriori las penas económicas que se les impongan.

De ahí que, como avanzó en exclusiva OKDIARIO, la única opción que le queda a Pedro Sánchez, y con la que tratará de lidiar ante sus socios independentistas, es presionar a la Fiscalía desde Moncloa para que reduzca al máximo las cantidades exigidas en su escrito de acusación o, incluso, llegue a modificarlo al punto de defender que no sean condenados o pidiendo cantidades poco gravosas.

En cualquier caso, eso pasaría por forzar un radical cambio de criterio del fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, que fue nombrado en este cargo por el Gobierno a propuesta de la entonces fiscal general Dolores Delgado, perteneciente, como Martín-Granizo, a la Unión Progresista de Fiscales (UPF). De ahí que, como avanzó también este diario, Martín-Granizo se convierta indirectamente en pieza clave en la estrategia a desplegar por Pedro Sánchez y su equipo negociador con Junts y ERC.

En cualquier caso, hasta ahora –aun con ciertas reducciones que ha ido incluyendo con el paso del tiempo– el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas considera probado que los 34 acusados –con distinto grado de participación cada uno de ellos– incurrieron en una malversación de al menos 3,1 millones de euros de dinero público que deberán reintegrar a las arcas de la Generalitat.

La última opción, el Tribunal Supremo

Si la vía de la Fiscalía no prosperara, o no contentara suficientemente a los independentistas, la otra promesa por la que podría apostar Sánchez es por una condonación de la pena que les imponga el Tribunal de Cuentas. Pero esto tampoco es algo que pueda controlar plenamente la presidencia del Gobierno. No entra en el ámbito político-administrativo, sino que la decisión final quedaría en manos de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, ante la que los condenados deberían presentar un recurso de casación, ya que es la encargada de entender sobre los recursos por sentencias de la jurisdicción contable.

Las fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO expertas en esta materia advierten que esta vía del Tribunal Supremo es «tremendamente complicada y de resultado muy incierto». «Se puede presionar a los magistrados progresistas de la Sala Tercera, pero hay que tener en cuenta que al final son magistrados que tienen un perfil profesional y cuyos pronunciamientos no quedan controlados por el poder político en sentido estricto», resaltan las mismas fuentes.