Los letrados del Congreso tumban la propuesta de los independentistas de investigar al Tribunal de Cuentas

Los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados han mostrado su opinión contraria a la iniciativa registrada recientemente por Más País, Compromís y los partidos independentistas para crear una comisión de investigación sobre la «neutralidad política» en el desempeño de la función de enjuiciamiento de la responsabilidad contable por parte del Tribunal de Cuentas. Es decir, de la sección del fiscalizador encargada de las investigaciones abiertas contra ex altos cargos de la Generalitat catalana por la consulta independentista de 2014 o el conocido como ‘Diplocat’.

La iniciativa llevaba la firma de ERC, Junts, el PDeCAT, el BNG, la CUP y Bildu, además de Compromís y Más País. Y este próximo viernes la Mesa del Congreso analizará si da vía libre, haciendo caso omiso a la negativa de los letrados del Congreso, o no a su tramitación parlamentaria. El informe jurídico emitido, como todos los que realizan los letrados, no es vinculante. 

Con su solicitud, los partidos mencionados pretenden que la Cámara abra una investigación sobre «las irregularidades cometidas» por este órgano en su función de enjuiciamiento de la responsabilidad contable y determine si tiene «legitimidad» y «competencia» para llevar a cabo estos procedimientos y con qué «límites» debe desarrollar su función jurisdiccional.

En concreto, demandan que se aclaren las «conexiones y vinculaciones personales de los consejeros y su incidencia sobre el principio de independencia», así como la «naturaleza política de las acusaciones» que, a su parecer, se han dirigido contra los independentistas catalanes.

En su propuesta, estos ocho partidos denuncian que, pese a que el Tribunal de Cuentas constata «irregularidades» de variada índole en sus distintas fiscalizaciones, después no exige «responsabilidad» por ellas, y se limita a «recomendar mayor diligencia en materia de planificación, contratación, seguimiento o control» por parte de las entidades que analiza. Una situación que, a su juicio, «contrasta» con la actuación llevada a cabo por el órgano que preside María José de la Fuente en relación con los procesos judiciales y causas policiales contra el independentismo catalán.

«El sesgo ideológico que se desprende de este patrón de comportamiento es del todo incompatible con los principios propios de un Estado de Derecho como el de imparcialidad», argumentan los proponentes, que recuerdan que hasta la fecha ya se han abonado más de 15 millones de euros en concepto de fianzas en el marco de procedimientos derivados de la consulta del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum ilegal de octubre 2017.