La Fiscalía ve «evidencias» contra Homs por un delito de desobediencia por el 9N

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha sostenido este lunes que existen evidencias contra el diputado de Democracia y Libertad (DL) Francesc Homs al promover sanciones a medios de comunicación que se negaron a dar publicidad a la consulta independentista del 9N durante su etapa de consejero de la Generalitat.

Madrigal ha dado esta explicación al ser cuestionada sobre este asunto en la Comisión de Justicia del Congreso por los diputados de los partidos nacionalistas y por la portavoz de Podemos, Victoria Rosell, a la que ha respondido que la Fiscalía «sólo» actúa de acuerdo a las normas del sistema jurídico, y no para buscar una respuesta judicial a problemas políticos, como había defendido la portavoz de este grupo.

La máxima responsable del Ministerio Público ha recordado que el Código Penal contempla los delitos de desobediencia o sedición, y que la Fiscalía «no ha cambiado nunca de criterio en esta causa» remitida desde el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) al Tribunal Supremo, debido a la condición de aforado de Homs.

Sobre el 9N, ha recordado que la Fiscalía formó su criterio de acuerdo con lo expresado en la Junta de Fiscales de Sala a la que asistieron 27 miembros, entre ellos la propia Madrigal, según contempla el Estatuto del Ministerio Público. De esta forma, ha salido al paso de las dudas planteadas por algunos grupos por las presiones políticas que, según han observado, derivó en la dimisión de su antecesor, Eduardo Torres-Dulce.

«El criterio de los fiscales de Cataluña –contrarios a abrir una causa por el 9N– no pasó el filtro de la Junta de Fiscales de Sala», ha continuado Madrigal, que ha subrayado que desde entonces se han practicado muchas diligencias dentro de unos plazos razonables.

Según Madrigal, esas diligencias han hallado indicios contra Homs que han motivado el traslado de la causa al Tribunal Supremo. Entre ellos, ha citado «las sanciones a medios de comunicación que se negaron a dar publicidad a la consulta cuando el Tribunal Constitucional ya la había prohibido». «Hay esas y otras muchas evidencias», ha aclarado.