Koldo García también se acoge a su derecho a no declarar y la Fiscalía tampoco pide prisión para él

El ex asesor ministerial Koldo García ha acudido este jueves al Tribunal Supremo pero ha evitado responder sobre el reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le señala como «gestor y custodio» de los fondos «opacos» que habrían ingresado de las presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones públicas. La Fiscalía Anticorrupción no ha pedido su ingreso en prisión provisional a la espera de ver qué resuelve el juez instructor.

La citación, fijada para las 10:00 horas de este jueves, se ha producido un día después de que José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, decidiera no declarar y el Supremo descartara enviarle a prisión provisional. Tal como hizo su antiguo jefe el ex asesor ha optado por no declarar por consejo de su abogada, Leticia de la Hoz.

El instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, ha vuelto a llamar a Koldo García a sede judicial tras recibir un nuevo informe donde la UCO asegura que «actuó como custodio y gestor del dinero de Ábalos». Según los investigadores, «parte de los gastos de este último eran sufragados y liquidados» por su asesor «con vistas a una eventual restitución institucional».

La UCO ha señalado la existencia de una reserva de dinero en metálico que no encontraría respaldo en los ingresos regulares del ex dirigente socialista. De esta bolsa de efectivo, Koldo habría dispuesto para hacerse cargo de pagos que corresponderían a su entonces jefe.

Entre estos pagos figuran la pensión alimenticia de uno de los hijos de Ábalos, la empleada doméstica o regalos a sus parejas. Esta gestión patrimonial, según la Guardia Civil, revela un sistema opaco de financiación que habría operado durante años.

Pagos del PSOE

Además, la Guardia Civil ha reflejado que el PSOE ha pagado tanto a Koldo como a Ábalos con dinero en efectivo mediante sobres. Algunos de esos pagos tenían respaldo documental en lo aportado por el Partido Socialista como compensación por gastos, pero otros no.

La UCO ha detallado que Koldo y su entonces mujer verbalizaban en sus conversaciones de WhatsApp que parte del dinero que gestionaban, en efectivo o a través de sus cuentas, no era suyo, sino de Ábalos. Se referían a él mediante un argot peculiar: «chistorras» (billetes de 500 euros), «soles» (200 euros) y «lechugas» (100 euros).

Con todo, el magistrado cree que Ábalos y Koldo «pudieran haber mantenido entre sí métodos no transparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen».

Ábalos ha comparecido este miércoles por estos hechos y, a diferencia de las tres ocasiones anteriores, esta vez ha optado por guardar silencio. Según fuentes jurídicas consultadas, ha alegado que se sentía «indefenso» por no contar con un abogado de su confianza.

Ha estado asistido por su hasta ahora letrado, José Aníbal Álvarez, al que ha querido renunciar el pasado lunes por «diferencias irreconducibles». Sin embargo, el magistrado no se lo ha permitido.

Koldo, que declaró el pasado diciembre en su primera comparecencia como imputado en el Supremo por el caso al que da nombre, ya ha apostado el pasado junio por callar.

Este jueves, el ex asesor ministerial también se ha enfrentado a una vistilla para revisar las medidas cautelares que tiene vigentes desde el pasado febrero: prohibición de salida del país, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en sede judicial.

En el caso de Ábalos, las acusaciones populares lideradas por el PP pidieron su ingreso en prisión provisional. La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto, a pesar de que sí ha apreciado riesgo de fuga e indicios reforzados en su contra.

El magistrado ha seguido la línea del Ministerio Público, limitándose a confirmar las cautelares vigentes. No obstante, ha avisado de que, al igual que el fiscal, observaba un «creciente» riesgo de fuga que asumía que podía seguir aumentando a medida que se refuercen los indicios y se acerque el eventual juicio.

Entonces, ha advertido, sí podría adoptar «medidas cautelares más gravosas». Fuentes del entorno de Koldo García aseguran que se encuentra preparado para entrar en prisión provisional, medida que hasta la fecha solo ha prosperado con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Esta medida se ha aplicado a Cerdán por el riesgo de fuga y de destrucción, ocultación y manipulación de pruebas debido a su «papel principal» en la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.

En un último movimiento de su defensa, el ex asesor ha solicitado el pasado martes al Supremo que anulara las pesquisas en todo lo que el Congreso de los Diputados no había autorizado expresamente al conceder el suplicatorio para investigar a Ábalos. El único aforado de la causa es el motivo por el que Koldo García también está investigado en el Supremo, además de en la Audiencia Nacional, donde se inició el caso.

Según este razonamiento, Puente debería solicitar tantos suplicatorios al Congreso como hechos distintos a investigar. Entre ellos, las supuestas gestiones de Koldo, por mandato de Ábalos, para colocar en empresas públicas a Jésica Rodríguez, ex pareja del exministro, o los presuntos amaños de obra pública.

Cabe recordar que la causa ha arrancado en la Audiencia Nacional, centrada en la adjudicación de contratos a Soluciones de Gestión, empresa vinculada a De Aldama, para comprar mascarillas. Sin embargo, desde que ha saltado al Supremo, hace casi un año, el caso se ha ido enredando, aflorando también la existencia de posibles irregularidades en contratos de obra pública.

La complejidad que ha añadido esta segunda derivada ha llevado a Puente a dividir la causa, abriendo una pieza separada para investigar específicamente las mordidas por obras y dejando en la parte principal todo lo demás. Al dar este paso, el magistrado ha avanzado que su intención era agilizar la instrucción de la parte principal, con miras a concluirla pronto, dado que las indagaciones sobre obra pública aún están en fase embrionaria.