La Justicia vuelve a dejar en evidencia a Marlaska: debe pagar 12,54 millones impagados a la Policía

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 28/09/2020 06:45
  • Actualizado: 28/09/2020 14:32

La Dirección General de la Policía dependiente del Ministerio del Interior se ha tenido que allanar a la última sentencia del Tribunal Supremo que ha sacado los colores a Fernando Grande-Marlaska, ya que Interior deberá pagar 12.548.033 euros a los agentes de Policía que trabajan a turnos y a los que se ha negado a pagarles ese sistema durante el mes de vacaciones.

La sentencia nº 114/2019, instada por la Unión Federal de Policía, ha reconocido el derecho de todos los policías que prestan servicio en la modalidad de turnos rotatorios a percibir el importe de la compensación correspondiente durante el mes de vacaciones anuales. La sentencia fue recurrida en casación por el Abogado del Estado a instancias del Gobierno y el Tribunal Supremo ha confirmado esa sentencia exigiendo el pago a los policías.

Por fin, con fecha 15 de septiembre, la Dirección General de la Policía ha reconocido la exigencia de la UFP de abonar a todos los funcionarios que realizan servicio en turnos rotatorios la gratificación correspondiente al mes de vacaciones. Además, el allanamiento a la sentencia implica que el período completo reclamado por la UFP, queda establecido de la siguiente manera: Para el año 2020, 2.009.317 euros; y para los años 2015 al 2019, 10.538.715 euros.

En resumen, la Dirección General de la Policía deberá pagar a todos los funcionarios afectados la cantidad de 12.548.033 euros en ejecución de la sentencia promovida por la Unión Federal de Policía, reconociendo, así, que el pago por realizar servicio a turnos no es una gratificación, sino un complemento retributivo y, por lo tanto, se debe seguir abonando durante las vacaciones anuales.

No se trata del primer intento de engaño del Ministerio de Fernando Grande-Marlaska a la Policía. Pedro Sánchez ha vendido, de hecho, la equiparación salarial de la Policía Nacional y Guardia Civil como un gran logro. Lo ha hecho pese a que el acuerdo base procedía del último Gobierno del PP. Pero, además, lo cierto es que la equiparación de sus remuneraciones con el resto de cuerpos policiales no es tal: ni los complementos, ni pagas extra, ni asistencias a juicios, ni condiciones de jubilación se igualan con los policías autonómicos.

El engaño se ha materializado hace escasos meses. Y la sorpresa más sangrante se la acaban de llevar los agentes en segunda actividad o en la reserva. Se trata de policías que pasan a esta situación por voluntad, exigencias o por determinados problemas y, pese a ello, son los mayores perjudicados por la falsa equiparación.

No se trata de los únicos puntos en los que la equiparación de Pedro Sánchez se ha convertido en un acto de tacañería. Los gastos producidos por la asistencia a juicios tampoco se remuneran, y la policía autonómica tiene un complemento por esos actos.

Pagas extra

Es más, las pagas extra y los servicios extraordinarios también se quedan fuera del plan de equiparación.
 El resultado es descriptible: incluso con la equiparación diseñada a pleno rendimiento, los agentes nacionales siguen perdiendo entre 200 y 300 euros al mes con respecto a un mosso.

La Policía ha tenido incluso que pelear contra el Departamento de Grande-Marlaska para evitar la expulsión del cuerpo de compañeros, como ocurrió por una protestas ante la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero. Porque el ministro Fernando Grande-Marlaska cumplió con las exigencias de la pareja podemita de cargar contra los nueve agentes que osaron protestar de paisano ante el casoplón de Galapagar.

El expediente abierto contra ellos fue de tal magnitud que podía llegar a provocar fuertes castigos salariales y de promoción e, incluso, la salida del Cuerpo de Policía. La Justicia, como adelantó OKDIARIO, ha decidido recientemente poner cordura en el asunto y frenar todas las actuaciones contra los agentes. Todo un varapalo para Marlaska. Y para la pareja gubernamental.

La protesta estuvo motivada por el incumplimiento del Gobierno socialcomunista de su compromiso de acometer de una vez una equiparación salarial real y efectiva entre los agentes nacionales y los autonómicos. Pero eso fue lo de menos para Iglesias y Montero: el mismo vicepresidente que animó hace meses a los agricultores a protestar por la caída de sus ingresos, ahora quería un castigo ejemplar para los agentes. Porque habían osado hacer la protesta ante su casa.

El Ministro del Interior entendió a la perfección las órdenes del vicepresidente amante en el pasado del «jarabe democrático». Y decidió abrir un expediente por todo lo alto contra los agentes. La Justicia lo ha parado por completo.