La Justicia rechaza la recusación del juez que suspendió la licencia para exhumar a Franco

La Justicia ha rechazado la recusación del magistrado, José Yusty Bastarreche, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid, que suspendió el informe por el que el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial (Madrid) avalaba las obras en la basílica del Valle de los Caídos para la exhumación de Francisco Franco. La recusación había sido solicitada por la Abogacía del Estado, ante la supuesta falta de imparcialidad del magistrado. La Fiscalía la había rechazado. La decisión estaba en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En febrero, el juez resolvió la suspensión cautelar del informe municipal por el que se daba luz verde a las obras para la exhumación del dictador.

En la resolución, el magistrado se mostraba especialmente crítico contra la decisión del Gobierno, determinando que el proyecto resultaba «peligroso» por la necesidad de retirar una losa de granito de tonelada y media de peso.

La Abogacía del Estado planteó la recusación alegando varios artículos publicados años atrás en prensa, en concreto en 2007, sobre la Ley de Memoria Histórica. Según la Abogacía, en ellos se produciría una «toma de partido» de Yusty sobre el «objeto del proceso».

En su resolución, el juez exponía que «se trata de remover (…) una losa de granito de, al parecer, 2.000 kilos de peso» y añadía que «no hace falta ser arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero ni maestro de obras para percatarse de que ello es de por sí algo complicado, difícil de manejar y por tanto peligroso por el riesgo evidente, que no hace falta explicar, de caída, rotura, o cualquier otro accidente que pueda ocurrir».

Además, se remitía al informe pericial de dos arquitectos, José Ismael de la Barba y Enrique Porto en el que, en su consideración, «falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que pudieran existir bajo la sepultura de Francisco Franco».

«Es evidente, claro y palmario que una decisión del Consejo de Ministros, por legítima y conforme a la legalidad que sea, lo que aquí no se cuestiona, no puede ejecutarse sin las garantías técnicas y mecánicas que puedan poner en peligro la vida o la integridad física de los técnicos y operarios de toda clase que deberán necesariamente intervenir en la operación, y que probablemente no serán pocos», concluía el auto.