Crisis del coronavirus

Juristas y víctimas del Covid-19 piden amparo a Europa ante la «deriva autoritaria» del Gobierno

La Plataforma de Afectados COVID-19 ha remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, para que controle al Gobierno de España.

Tres mil familias de muertos por coronavirus se querellan contra el Gobierno por ocultar la emergencia sanitaria

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Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Una petición de amparo a Europa en toda regla. Un extenso grupo de juristas, algunos de los cuales representan en el Tribunal Supremo a las más de 3.000 familias querelladas contra el Gobierno por su gestión de la crisis sanitaria, y miles de afectados por el Covid-19 han escrito una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, confiando en que «las instituciones comunitarias podrán evitar la gravísima deriva autoritaria del Gobierno de España». Los firmantes de la misma piden a la representante europea que intervenga para garantizar que en nuestro país «se respeten los derechos fundamentales de toda la ciudadanía, y se minimice al máximo una grave crisis social y económica de consecuencias nunca vistas».

«Me dirijo a usted con el fin de poder transmitirle la situación de impotencia que la ciudadanía estamos viviendo en España durante los últimos 2 meses ante la grave crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. Siendo consciente de la incertidumbre ante dicho virus, en España estamos viviendo una situación catastrófica ante un Gobierno con una falta absoluta de previsión y con una clara deriva autoritaria en la aplicación de medidas que no han evitado los más de 27.000 fallecimientos y la desprotección absoluta de nuestro personal sanitario», arranca la misiva.

El documento que ha puesto en marcha la Plataforma de Afectados Covid-19 a través de redes sociales -y que puede firmar y enviar cualquier ciudadano- asegura que «el Gobierno está empleando el estado de alarma para hacer cambios legislativos de gran calado» que más allá de la lucha contra la pandemia, responden a «un proyecto político y electoral» de los partidos que conforman el Ejecutivo.

«Nadie duda de la importancia de las medidas de salud pública y el confinamiento», dice el texto, «pero dichas medidas deben aplicarse en el marco constitucional y con respecto a las leyes. Son muchas personas las que están acudiendo a los Tribunales en defensa de sus derechos, y somos conscientes del papel de su organización en esta materia», prosigue. No en vano, varios de los abogados que han colaborado en la redacción de la carta pertenecen al grupo de letrados que representa a las más de 3.000 familias que se han querellado contra el Gobierno ante el Supremo por homicidio imprudente.

Mayor control

La carta dirigida a Van del Leyen, que se ha hecho pública hoy, denuncia «la utilización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para reprimir cualquier tipo de ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas» en España.

Y, por ello, ruega «encarecidamente» a la máxima representante de la Comisión Europea que «pueda ejercer un mayor control sobre el Gobierno de España en garantía del respeto y protección de nuestra Carta Europea de Derechos Fundamentales y el Tratado de la Unión Europea, de tal manera que no se eliminen nuestros derechos y se pretenda silenciar a la ciudadanía», mientras dure el estado de alarma declarado por el coronavirus.

«De la misma manera le rogamos pueda controlar la gestión del Gobierno de España en el gasto público, así como en las medidas económicas que adopte, en tanto que se atisba una fuerte crisis económica en nuestro país y muchas de dicha medidas harán que se agrave dicha circunstancia», concluye.

Homicidio imprudente

Esta misma semana, un total de 3.268 personas «cuyas familias han perdido a 3.274 familiares como consecuencia de la epidemia del Covid-19» se querellaron contra el Gobierno, ante el Supremo, por haber hecho «caso omiso» a las advertencias de las autoridades sanitarias internacionales -entre ellas las de la propia Comisión Europea- «ocultando cualquier información a los ciudadanos sobre dicha emergencia» y las graves consecuencias de la misma en nuestro país.

En el escrito presentando el pasado lunes en el Alto Tribunal, al que tenía acceso OKDIARIO, un total de 11 abogados pedían que se juzgue a Pedro Sánchez y los 22 ministros del Ejecutivo por incumplir sus obligaciones tras «la tardía adopción de las medidas» y, por la «negligencia de sus actos y omisiones para conseguir frenar, reducir y paliar en toda la nación los efectos de la epidemia del coronavirus».

Aunque en un primer momento han sido 92 los particulares que están personados en la querella registrada ante la Sala Segunda de lo Penal, un total de 3.176 más anunciaron en el escrito que se sumarán a la misma una vez hayan «podido obtener el Certificado Médico de Defunción, necesario para poder acreditar la muerte» de sus familiares, y la causa de la misma, avanzaron los letrados.

Para todos los afectados, el Consejo de Ministros, con Pedro Sánchez al frente, dejó de adoptar «las medidas adecuadas para impedir o frenar la expansión del virus Sars-Cov-2 en España», y por ello son «conjunta y solidariamente», responsables de un delito de homicidio múltiple por imprudencia, que está castigado con penas de prisión.

La querella solicitó al Supremo -donde están aforados el presidente y los ministros- que pidiese al Gobierno todos los documentos e informes oficiales sobre la pandemia con los que contaba, desde el minuto uno de la misma, así como las cifras oficiales de contagios y fallecimientos, reales y actualizadas.

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