Junts pide al PSOE destituir a los vocales del CGPJ en plena ofensiva contra los jueces

Junts, partido que sostiene la legislatura de Pedro Sánchez, ha registrado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados en la que reclama la destitución de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el mandato caducado. En el texto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el partido separatista se queja de la «instrumentalización política» del máximo órgano de los jueces, así como del «bloqueo» en su renovación que, consideran, «ha reforzado la división del órgano en bloques ideológicos y a su vez ha sido aprovechado por el bloque dominante para perpetuar la actual relación de poder en el seno del órgano y también para dar curso a un indebido activismo político».

La proposición, que ha iniciado su andadura parlamentaria, forzará al PSOE a posicionarse en plena ofensiva del independentismo contra los jueces. Este martes, Junts aprovechó su intervención durante el debate de la Ley de Amnistía para atacar a los jueces encargados del proceso separatista catalán, como Pablo Llarena, Manuel Marchena, Carmen Lamela, Carlos Lesmes o Concepción Espejel, ante la pasividad del PSOE. La portavoz, Miriam Nogueras, los señaló como «personajes oscuros» que son «cómplices de la politización de la Policía y la Justicia españolas» y habló de «personajes indecentes que en un país normal serían cesados y juzgados de inmediato».

Junts, cabe recordar, ha pactado con el PSOE la apertura de varias comisiones en el Congreso para abordar el supuesto lawfare, la presunta persecución judicial del independentismo por parte de los jueces, que puede dar lugar a la revisión de distintas causas en el marco del espionaje con Pegasus, la llamada Operación Cataluña y los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017.

El CGPJ se ha mostrado muy crítico con esos ataques. El órgano de los jueces ha advertido que «se mantendrá vigilante, en defensa de la independencia judicial, en relación con el desarrollo de las citadas comisiones parlamentarias de investigación». Su presidente, Vicente Guilarte, tachó este miércoles de «inadmisible en un Estado de Derecho» el señalamiento realizado por Junts y ha avanzado que «se adoptarán todas las medidas necesarias previstas por el ordenamiento jurídico para proteger su independencia». 

El CGPJ calificó el acuerdo entre Junts y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez de «inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes» consagrada en la Constitución.

«Judicialización de la política»

La proposición que Junts ha llevado al Congreso abunda en esos ataques. Junts denuncia que «el bloqueo» de renovación de los vocales del CGPJ «no sólo ha intensificado males endémicos de la Justicia española como el corporativismo y la patrimonialización de la Justicia por parte de determinadas opciones ideológicas. También ha impulsado un salto cualitativo inédito en cualquier régimen democrático constitucional, como es la intervención de este órgano en funciones en asuntos políticos que no son de su competencia». El partido que lidera Carles Puigdemont considera que el CGPJ «carece de toda legitimidad democrática» y «ha desplegado una agenda política propia, poniendo en cuestión la actuación de otros poderes del Estado».

«Ni el Poder Judicial ni su órgano de gobierno están llamados, de acuerdo con su configuración constitucional, a intervenir en cuestiones políticas -lo que se ha venido en llamar la judicialización de la política-, como tampoco deben perder su imparcialidad e independencia para devenir campo de batalla de los partidos y de los poderes políticos, lo que se ha venido a llamar la politización de la Justicia», señalan.

Así, exigen una reforma de la Ley del Poder Judicial para destituir a los vocales que corresponde designar al Congreso y al Senado «cuando haya finalizado el mandato de cinco años», como es el caso actual. El CGPJ quedará constituido por tres vocales, «que serán el de mayor y menor edad, así como aquel que se haya incorporado en último lugar» y, hasta que sea renovado, no podrá realizar funciones como «proponer nombramiento alguno, ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado, interponer el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado, emitir informe en los expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, ni tampoco elaborar los informes sobre los anteproyectos de ley».