El juez Zamarriego retiró la lona de «Sánchez corrupto» por ser «un exceso de libertad de expresión»

El magistrado Arturo Zamarriego Fernández, juez titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, dictó este lunes un auto judicial ordenando la inmediata retirada de una lona crítica contra Pedro Sánchez instalada frente al Congreso de los Diputados. La decisión se tomó apenas horas después de que la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña Nasarre Oliva, presentara una denuncia por presuntos delitos de injurias y calumnias, una muestra de la presión ejercida por el partido en el Gobierno para acallar críticas.

La lona, de aproximadamente 253 metros cuadrados, mostraba la imagen del presidente del Gobierno junto a la palabra «Corrupto» y referencias a diversos casos judiciales. Según consta en el auto judicial, la pancarta fue instalada por una pequeña empresa de cinco empleados sobre las 11:00 horas del día 19 de mayo en la fachada de un edificio ubicado en la Carrera de San Jerónimo 44, justo frente a la Cámara Baja. Los documentos mercantiles de la compañía revelan que se trata de una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector publicitario, que cuenta con cinco empleados y facturó 3,65 millones de euros en 2023.

«El uso de la expresión Corrupto en una lona de grandes dimensiones, acompañando a la imagen del presidente del Gobierno, la creación de una página web denominada elcapo.org, así como la utilización de la nomenclatura bajo la que son conocidos popularmente distintos procedimientos judiciales atribuidos a la jurisdicción penal forman un conjunto de carácter claramente lesivo para la reputación de D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón», argumenta el juez en su resolución. Se trata de un auto que firma él y en el que «ha participado» un juez en prácticas.

El magistrado considera que el mensaje podría «suponer un exceso en el ejercicio de la libertad de expresión susceptible de constituir un ilícito penal». Además, señala que la ubicación frente al Congreso buscaba «dar mayor repercusión al mensaje difundido» y «refuerza el contenido atentatorio contra el prestigio del sujeto pasivo».

La rapidez con la que se produjo la intervención judicial ha levantado críticas. En menos de 24 horas desde la instalación de la lona, el PSOE presentó la denuncia, la Fiscalía solicitó medidas cautelares y el juez emitió la orden de retirada, que se ejecutó de madrugada con intervención de bomberos y un amplio despliegue policial que cuesta miles de euros.

Un juez enemigo de periodistas

No es la primera vez que el juez Zamarriego se encuentra en el centro de la polémica por sus decisiones relacionadas con la libertad de expresión. En 2016, como ya publicó OKDIARIO, el magistrado veía con buenos ojos enviar a la Policía, tal como pedía el comisario de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, a la redacción donde trabajaban los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, así como a sus domicilios particulares, en busca de documentación amparada por el secreto profesional, aunque finalmente el Ministerio Público se opuso y la medida no se llevó a cabo.

Por otra parte, el juez Zamarriego se afanó en tratar de impedir la difusión del escándalo de los Futbol Leaks que destapaban presuntos delitos fiscales de estrellas del fútbol internacional. La Fiscalía también apoyó esa medida y recibió una sonada contestación de buena parte de la profesión periodística.

La decisión judicial contrasta con la doctrina del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre los límites de la crítica a políticos y cargos públicos, que tradicionalmente ha sido más amplia que para ciudadanos particulares debido a su exposición voluntaria al escrutinio público.

Desde HazteOir, la plataforma impulsora de la iniciativa anuncian que recurrirán la decisión judicial por considerar que vulnera el derecho a la libertad de expresión. «Tenemos todo en regla y consideramos que la crítica política, por dura que sea, está amparada por la Constitución», ha declarado el abogado Javier María Perez-Roldán.

La retirada de la pancarta ha generado un intenso debate sobre los límites de la crítica al poder en España. Mientras el Gobierno y el PSOE defienden la medida como protección frente a «calumnias», voces de la oposición y organizaciones civiles alertan sobre un posible caso de «censura» y un precedente peligroso para la libertad de expresión en nuestro país.