La juez relaciona la agresión de Alsasua con un grupo radical apoyado por Bildu

Doce personas han sido identificadas como supuestas autoras de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua y se cree que pertenecerían al «Movimiento OSPA», que dinamiza la campaña de la izquierda abertzale radical «Alde Hemendik» (Fuera de Aquí) que cuenta con el apoyo de Bildu.

Tres de los identificados, Joskin Unamuno Gokoetxea, Adur Ramírez de Alda y Edurne Martínez Arrese serían los principales «promotores» del movimiento «Ospa Mugimendua» en Alsasua (Navarra), «en el que estarían integrados el resto de investigados»: Aratza Urrizola, Hulem Gocoechea, Jon Ander Cob, Iñaki Abab, Oihan Arnanz, Aitor Calleiras, Ainara Urquijo, Aritz Urdangarín y Nahia Bengoetxea.

Los doce figuran en un auto notificado este jueves, en el que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, tras recibir los informes al respecto de la Guardia Civil y de la Policía Foral de Navarra, reclama la inhibición al Juzgado número 3 de instrucción de Pamplona al calificar los hechos de terrorismo, si bien este juzgado ha acordado ya inhibirse en favor de la Audiencia Nacional.

«Todos ellos conocían con anterioridad la condición de guardias civiles» del teniente y el sargento agredidos, «siendo esta única y exclusivamente la causa por la que fueron insultados y golpeados», sostiene Lamela, al explicar que el «Movimiento OSPA» tiene el objetivo de «influir ostensiblemente y de manera negativa en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil».

La juez, apoyándose en el atestado del instituto armado, explica que el movimiento «Alde Hemendik», que dinamiza «OSPA», fue promovido por las ilegalizadas Gestoras Pro Amnistía, Jarrai, Haika y Segi, «persistiendo en la actualidad a través de plataformas populares vinculadas al entorno abertzale radical» que convocan actos de protestas, manifestaciones, y elaboran carteles o pintadas, contando «con apoyo de Bildu, Sortu y Ernai».

El propósito de este movimiento, prosigue el auto, es que los agentes se sientan «en todo momento objeto de grupúsculos violentos con el gran condicionante que ello supone para su vida diaria, llegando a tener miedo o dificultades para realizar actividades» cotidianas con sus mujeres y sus hijos, instando «de manera indirecta a no entablar ningún vínculo afectivo o simplemente de amistad o cortesía con miembros de la Guardia Civil».

«El incumplimiento de estos preceptos por parte de algún ciudadano le convierte automáticamente en afín al Cuerpo y por tanto en cualquier momento tanto su persona como sus bienes o incluso sus vinculaciones directas pueden pasar a convertirse en objetivo de dichos grupúsculos violentos», destaca la juez.

La juez de la Audiencia Nacional, que comenzó a investigar estos hechos a raíz de una denuncia de Covite, fundamenta su petición de inhibición en que los hechos serían constitutivos de un delito de terrorismo, al entender que las agresiones «constituyen graves hechos delictivos contra la integridad física de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizados con el propósito de atemorizar a colectivos que no comparten sus ideas y generar una grave alteración para la paz pública».

Considera, por tanto, que la agresión «pudo ir dirigida a intranquilizar a las personas (en concreto a los agredidos y de forma más amplia a sus compañeros de profesión, familiares y otras personas que pudieran apoyarles en la localidad de Alsasua), o a despertar en ellas inquietud, sobresalto o desasosiego».