La juez que ha encarcelado a los ex consellers golpistas fue asesora del ministro socialista Caamaño
Ni conservadora, ni «canalla y ruín», como la ha calificado la ex consellera de Justicia de la Generalitat y ex presidenta del Parlament Nuria de Gispert.
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que ha enviado a prisión a Oriol Junqueras y a siete ex consellers de la Generalitat, fue asesora del ministro de Justicia socialista Francisco Caamaño en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En concreto, Lamela trabajó como asesora de la Unidad de Apoyo de la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia entre 2008 y 2011, durante la segunda legislatura de Zapatero. Se trataba de un cargo más técnico que político, en el que desarrolló su labor a las órdenes del entonces secretario general de la Administración de Justicia, Iñaki Sánchez.
Durante esta etapa, fue ponente del Plan de Formación del Ministerio de Justicia sobre la nueva oficina judicial, y participó en la elaboración de varios proyectos legislativos, como la Ley 18/2011 que regula el uso de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia y la Ley 37/2011 para la agilización procesal.
Mandó a la cárcel a Sandro Rosell
Más allá de estos datos, la magistrada nunca ha dado muestras de adscripción política (no pertenece a ninguna asociación de jueces), pero se la conoce como una profesional trabajadora y rigurosa.
Según su currículum, se licenció en Derecho por la Universidad Pontifica de Comillas (ICADE) con la calificación de sobresaliente en 1984. Tras acceder por oposición a la carrera judicial, sus primeros destinos estuvieron en los Juzgados de Orihuela (Alicante), Manzanares (Ciudad Real) y Badalona (Barcelona), donde ejerció funciones de juez decana. Conoce bien la realidad de Cataluña, pues durante dos años (entre 1991 y 1993) ocupó una plaza de magistrada en la Audiencia Nacional de Barcelona.
Tras su breve etapa como asesora del Ministerio de Justicia, se incorporó a la Audiencia Nacional, primero en comisión de servicios y desde 2015 como titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 3, que había ocupado Javier Gómez Bermúdez, quien presidió el tribunal que juzgó los atentados del 11M.
En la Audiencia Nacional, ordenó la orden de prisión del ex presidente del Barça Sandro Rosell, acusado de blanqueo de capitales, y a los proetarras de Alsaua que en octubre de 2016 dieron una paliza a dos guardias civiles y a sus novias.
Y ahora, Trapero
Ahora, la magistrada Carmen Lamela ha asumido una causa que probablemente pocos jueces quisieran tener en sus manos: los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia cometidos por los ex miembros del Govern de Carles Puigdemont que declararon la independencia de Cataluña.
Tras dictar la orden europea de detención de Puigdemont, que viajó a Bruselas para huir de la Justicia española, la juez Lamela tendrá que enfrentar en las próximas semanas otra difícil decisión: la posibilidad de encarcelar al destituido mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, por utilizar a la Policía autonómica catalana para facilitar la celebración del referéndum ilegal de independencia del 1-O.
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