Peinado aboca a Begoña Gómez al banquillo para que un jurado la juzgue por 5 delitos de corrupción
El auto incorpora a una nueva investigada, Judith Alexandra González Pedraz, actual secretaria general de Presidencia
El juez Juan Carlos Peinado no da marcha atrás y ha decidido continuar con el procedimiento contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por cinco delitos relacionados con su actividad en la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, que serán objeto de un tribunal de jurado.
La resolución, a la que ha tenido acceso en primicia OKDIARIO, rechaza frontalmente las peticiones del Ministerio Fiscal y las defensas para archivar la causa contra la mujer de Pedro Sánchez. El auto incorpora, además, a una nueva investigada, Judith Alexandra González Pedraz, actual secretaria general de Presidencia del Gobierno.
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid considera que existen «indicios claros, sólidos y homogéneos» de la presunta comisión de delitos.
Se acuerda la continuación del procedimiento por el Tribunal del Jurado respecto de los investigados María Begoña Gómez Fernández por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos, María Cristina Álvarez Rodríguez por los delitos de tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, Francisco Martín Aguirre por el delito de malversación de caudales públicos y Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida», esgrime el juez Peinado en su auto.
Este auto es la contestación de las dos comparecencias que se produjeron en el mes de septiembre en cumplimiento del artículo 25 de la Ley del Jurado. En la citada comparecencia, los tres investigados se ausentaron y sus defensas pidieron dar carpetazo a la investigación, algo que Peinado ha rechazado.
Descarta citar a Sánchez
Las acusaciones, por su parte, pidieron en la comparecencia citar a más testigos, entre ellos, al presidente Pedro Sánchez. El juez ha descartado que declare de nuevo, ya que considera que es de «carácter de inútil, y por tanto, impertinente» y que las razones que justifican esa consideración es que ya le tomó declaración «si bien, no es descartable, que, como el mismo ha manifestado públicamente, puede cambiar de opinión en cualquier momento, al igual que cualquier otro ciudadano».
Y matiza: «Lo cierto, es que, en la ocasión en la que tuvo la oportunidad de colaborar con la administración de Justicia, se acogió a la dispensa que le otorga el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y nada aportó para el esclarecimiento de unos hechos, que se están investigando y pueden alcanzar otra fase posterior dentro del presente procedimiento, postura totalmente legítima, pero igualmente previsible que reiterara el mismo comportamiento, ante la hipótesis de acordar esta diligencia de investigación, mostrando su escasa o nula voluntad de colaborar con la Administración de Justicia, por lo que se deniega dicha petición de la acusación popular unificada».
Peinado también considera impertinente la declaración testifical de los Secretarios Generales de Presidencia del Gobierno, desde el momento de la contratación de María Cristina Álvarez Rodríguez, que solicitaron las acusaciones.
«Ya tuvo la oportunidad de declarar en su momento, y su testimonio de poco sirvió, ya se ha pronunciado este órgano judicial, en su exposición razonada de fecha 23 de junio de 2025, en cuanto a la escasa o nula aportación a la causa en la citada declaración, con reticencias o evasivas, aunque no hayan sido consideradas como válidas para un hipotético delito de falso testimonio, por la Sala de Admisiones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y nada hace pensar en que cambiara en su posible posterior declaración, conociéndose ya lo que ha trasmitido, y las deducciones que puedan hacerse de esa declaración», matiza el instructor.
Las acusaciones también pidieron un careo entre Alfredo González Gómez y María Cristina Álvarez Rodríguez, pero el juez lo considera improcedente. «La declaración de la investigada María Cristina Álvarez Rodríguez, en calidad de investigada, quien se acogió a su derecho a no declarar, no puede apreciarse contradictoria respecto de la de Alfredo González Gómez, y la que prestó como testigo, ya ha determinado la Audiencia Provincial de Madrid, que tiene que considerarse como no válida, por lo que, no se cumplen los requisitos para una hipotética diligencia de careo», explica.
Cita a más testigos
Peinado sí cita a la secretaria de Presidencia Judith Alexandra González Pedraz, pero considera que no puede ser en calidad de testigo, sino que, al exponer el hipotético delito de malversación de caudales públicos, deberá citársele, en una nueva comparecencia, en calidad de investigada. La señala para el próximo día 12 de noviembre a las 09:30 horas.
El juez también cita como testigos a Diego de Alcázar, Miguel Escassi y Juan Carlos Doadrio, el próximo día 12 de noviembre a las 11:00 horas, y a María José Sánchez, María Elvira Gutiérrez, María Jesús Morillo, Mercedes Vaquero, Zulma Escalante y Carmen Mitxelena el 28 de noviembre a las 09:30 horas
Pide más información
Peinado pide, además, que se remita al juzgado las agendas de las investigadas y su posterior análisis de las mismas por la UCO, a fin de determinar si las citas, reuniones, traslados, viajes, etc. realizadas por ambas a la vez, o solo por Cristina Álvarez, en relación a actividades personales o profesionales de Begoña Gómez.
El instructor también requiere a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno que entregue los datos salariales de la asesora de Begoña Gómez y su agenda de viajes sufragada con fondos públicos. Solicita a la mujer del presidente y a su asesora que aporten sus pasaportes con el fin de precisar fechas, duración, circunstancias y coincidencias de los viajes al extranjero realizadas por ambas.
El juez, además, pide a Miguel Ángel Rodríguez Bueno que aporte los correos electrónicos que cuya existencia reconoció en su declaración testifical y que no han sido aportados en su momento pese al requerimiento realizado, respecto de ambas investigadas María Cristina Álvarez Rodríguez, y María Begoña Gómez Fernández bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia en caso de no aportarlos.
Juan Carlos Peinado también pide a empresas que colaboraron con Begoña Gómez como Minsait, Indra Business Consulting, Telefónica, Deloitte y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) que remitan todos los correos, WhatsApp o cualquier otra comunicación escrita que pudieran existir desde el 16 de julio de 2018 hasta fecha actual, en el que figurara como emisora o destinataria Cristina Álvarez.
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