El juez Peinado abre juicio con jurado a Begoña Gómez por 5 delitos de corrupción

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado este viernes un auto por el que transforma el caso Begoña Gómez en procedimiento para juicio con Tribunal del Jurado y convoca a Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés y Cristina Álvarez a comparecer el próximo 1 de abril de 2026 a las 12:00 horas. La resolución acumula en una sola pieza todos los delitos investigados —tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, corrupción en el sector privado, apropiación indebida e intrusismo— y marca un punto de inflexión en una causa que lleva más de dos años en instrucción.

Tal como reza el auto de 46 páginas consultado por OKDIARIO, Peinado retoma la investigación desde el punto en que la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid anuló en enero de 2026 las resoluciones dictadas en otoño del año anterior, ordenando al instructor «retrotraer el trámite a la fase de diligencias previas» porque no estaban suficientemente detallados los hechos supuestamente delictivos.

En cumplimiento con lo dictado por la Audiencia Provincial vuelve al punto de partido y vuelve a llevar el caso al trámite de Tribunal de Jurado. Esta vez Peinado es más prolijo a la hora de detallar de forma pormenorizada qué es delito a su entender.

El magistrado sostiene que existen indicios suficientes de verosimilitud delictiva, tal y como exige la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado de 1995. El punto de partida es la condición de Begoña Gómez como esposa de Pedro Sánchez, quien asumió la Presidencia del Gobierno el 2 de junio de 2018. Peinado califica este hecho de «verdaderamente trascendental» para apreciar la relación personal que exige el Código Penal en el delito de tráfico de influencias.

La resolución describe cómo, a partir de ese momento, la trayectoria profesional de Begoña Gómez experimentó un cambio «inmediato y significativo». Hasta entonces vinculada al marketing –sin un grado universitario oficial– y la consultoría en el Grupo Inmark, solicitó una excedencia en 2018 y en agosto de ese mismo año fue nombrada directora del IE Africa Center.

En 2020 impulsó la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El auto recoge que el entonces rector Joaquín Goyache se desplazó al Palacio de la Moncloa para reunirse con ella, circunstancia que el propio Goyache reconoció en sede judicial: «me quería conocer para una serie de proyectos […] si no me importaba acudir al Palacio de la Moncloa y allí acudí, me reuní a solas con ella». Peinado advierte que cabe preguntarse si el rector se habría desplazado «a cualquier domicilio o despacho de cualquier persona que quiere conocerle».

El ex vicerrector Juan Carlos Doadrio declaró, por su parte, que el rector le llamó para comunicarle que «tengo que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente», y que la tramitación fue inusitadamente rápida: «el convenio fue muy rápido, era como si ya estuviera preparado».

Subvenciones y contratos públicos

El auto vincula a la investigada con la adjudicación de dos contratos públicos licitados por la entidad estatal Red.es en 2021 a la UTE formada por Innova Next SLU —empresa del grupo de Barrabés— y The Valley Digital Business School, por importes de 7,77 millones y 4,4 millones de euros respectivamente.

En el proceso licitatorio, esa UTE aportó una carta firmada por Begoña Gómez en la que expresaba «de forma abierta su apoyo a la propuesta» y su disposición a colaborar en la ejecución del programa.

Un informe de la Inspección General de la Administración del Estado (IGAE), de 30 de mayo de 2025, detectó «irregularidades relevantes en la tramitación de estos expedientes», entre ellas «opacidad en el procedimiento, utilización desproporcionada de criterios subjetivos de valoración» y «eliminación de metadatos», concluyendo que tales circunstancias beneficiaron indebidamente a la UTE adjudicataria.

Respecto a Cristina Álvarez, personal eventual de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno con un sueldo acumulado de 401.802,40 euros brutos entre 2018 y 2025, el juez describe una participación estrénua y continuada en actividades de la cátedra ajenas a sus funciones institucionales: asistencia a más de una decena de actos privados entre 2019 y 2024, gestión de convenios con empresas como Google, Indra, Reale Seguros o Deloitte, e interlocución directa con la OTRI de la UCM para el registro del software desarrollado bajo el paraguas universitario.

La resolución señala que ese software acabó alojado en el dominio transformatsc.org y que Begoña Gómez registró la marca «Transforma TSC», dio de alta el dominio a su nombre en julio de 2023 y constituyó el 21 de noviembre de ese año, como adelantó OKDIARIO en 2024, la sociedad Transforma TSC SL, de la que figura como «administradora única y socia única».

La UCM, que desconocía estas gestiones, ha reclamado en un escrito de enero de 2026 información sobre el registro de la marca «en defensa de su patrimonio» y ha cifrado en al menos 108.765,79 euros el gasto abonado para el desarrollo del software. La web dejó de estar operativa en septiembre de 2024, pocos meses después de la incoación de las diligencias previas.

El juez precisa que el objeto del auto es verificar la verosimilitud delictiva. Sin embargo, la decisión de incoar el procedimiento ante el Tribunal del Jurado implica que doce ciudadanos elegidos por sorteo podrían ser quienes, por primera vez en la historia reciente de España, decidan la culpabilidad o inocencia de la esposa de un presidente del Gobierno en ejercicio. La comparecencia del 1 de abril será clave.