España
'Caso Koldo'

El juez imputa a Pardo de Vera, ex presidenta de Adif, por la contratación de Jésica

El instructor de la Audiencia Nacional cita a declarar a la alto cargo el próximo 29 de mayo

La ex presidenta de ADIF y ex secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Isabel Pardo de Vera ha sido citada a declarar en calidad de imputada en relación con presuntas irregularidades en la contratación durante su etapa al frente de la empresa pública INECO. El juez de la Audiencia Nacional ha establecido que comparezca el próximo 29 de mayo para responder sobre posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con la contratación de Jésica Rodríguez, escort y ex pareja de José Luis Ábalos, que cobraba sin trabajar.

Pardo de Vera tendrá que enfrentarse a un interrogatorio judicial tras ser formalmente imputada por «indebida instrucción de los procedimientos de contratación y adjudicación de servicios» durante su gestión entre 2018 y 2021. Según el auto consultado, la declaración de la alto cargo se realizará el próximo 29 de mayo a las 10:00 horas de la mañana.

«La relevancia y necesidad de esta declaración se determinan por tanto en función de lo que el Juzgado Central de Instrucción número 2 ha establecido en fase de investigación», dice el juez en línea con la Fiscalía.

A tal fin, «procede que Isabel Pardo de Vera preste declaración en calidad de investigada, previa instrucción de sus derechos», por la presunta comisión del delito de malversación de caudales públicos y delito de tráfico de influencias previsto y penado en el Código Penal.

Además, el día 24 de junio de 2025 se ha procedido a realizar las siguientes citaciones relacionadas con el caso:

Orden del Supremo

Caber recordar que el magistrado del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, remitió a la Audiencia Nacional evidencias sobre la posible implicación de Isabel Pardo de Vera en contrataciones que podrían haber sido irregulares, incluyendo la de Jésica Rodríguez.

Asimismo, instruyó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que examinara las adjudicaciones de obras supuestamente manipuladas que Víctor de Aldama había señalado en documentos escritos a mano.

Según un documento judicial que OKDIARIO pudo consultar, existían «suficientes indicios para considerar que Isabel Pardo de Vera habría podido tener una participación relevante» en lo que el tribunal describió como una «contratación posiblemente irregular y caprichosa».

En relación con Isabel Pardo de Vera, el juez estimó que había indicios de su participación en la contratación de Jésica Rodríguez, inicialmente en Ineco (entre marzo de 2019 y febrero de 2021) y posteriormente en Tragsatec (entre marzo y septiembre de 2021).

El magistrado destacó en su resolución que «según la declaración testifical prestada en esta causa por la propia Jésica Rodríguez, ella afirmó que no realizó actividad profesional o laboral alguna en ninguna de las dos empresas, sin haber asistido nunca a su puesto de trabajo», aunque recibió «puntualmente los salarios correspondientes durante aproximadamente dos años y medio entre ambos períodos».

El auto explicó que Rodríguez, tras finalizar su contrato con Ineco, fue contratada «casi sin interrupción» por Tragsatec, donde «se habría valorado la supuesta experiencia profesional adquirida en Ineco», quedando asignada «precisamente a la Presidencia de Adif, ejercida por la persona que habría intervenido también activamente en la formalización del primero de los contratos laborales mencionados».

El juez subrayó que en el proceso de selección en Tragsatec «no consta que se realizara entrevista alguna con la candidata, a pesar de lo cual resultó seleccionada entre las 177 personas que participaron inicialmente en el proceso, cumpliendo ocho de ellas las condiciones exigidas para la plaza». Calificó de «particularmente reveladoras las comunicaciones mantenidas entre Isabel y Koldo con este motivo».

Al trasladar el caso contra Pardo de Vera a la Audiencia Nacional, el magistrado recordó que la competencia del Tribunal Supremo debía limitarse a los hechos relacionados con José Luis Ábalos, por su condición de aforado como diputado, y aquellos con «una conexión material inescindible» con su conducta.

La instrucción también programó dos declaraciones testificales. Entre ellas la de Claudia Montes, Miss Asturias +30 años, quien «podría haber sido contratada irregularmente en la empresa pública Logirail, vinculada al Ministerio de Transportes, por la influencia del investigado José Luis Ábalos y con la relevante colaboración del también investigado Koldo García Izaguirre».