El juez impone a Luceño una fianza de 4 millones y rechaza imputarlo por alzamiento de bienes

El juez Adolfo Carretero, que investiga la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario durante la pandemia, ha fijado una fianza de cuatro millones de euros para Alberto Luceño, a quien rechaza imputar los delitos de alzamiento de bienes y fraude fiscal.

En su resolución, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid da un plazo de 48 horas para abonar un total de 4.023.966,94 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se deriven del procedimiento en el que se investiga a Luceño por los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. En caso de impago, advierte el auto, se procederá al embargo de los bienes que se encuentren a nombre de la mercantil Takamaka Invest, propiedad del empresario.

Hasta ahora, el juez Carretero sólo ha encontrado 129.149,70 euros en las cuentas bancarias de Alberto Luceño. Además, se le han embargado bienes por un valor aproximado de dos millones de euros. En concreto, un piso ubicado en Pozuelo valorado en 1,1 millones y diversos vehículos de alta gama cuyo precio rozaría el millón de euros.

Alzamiento

Por otra parte, el juez Adolfo Carretero rechaza imputar a Luceño y a su sociedad un delito de alzamiento de bienes al entender que «no ha realizado disposiciones patrimoniales tras su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción el 15 de abril de 2021, pues, como ha acreditado documentalmente su representación procesal, el dinero de las ventas de tres vehículos fue ingresado en las cuentas de la sociedad Takamaka Invest SL».

Asimismo, y en contra de la petición de Podemos, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid tampoco contempla la imputación por delito fiscal. Argumenta en este caso que «Luceño podía constituir una sociedad para dedicarse a negocios, tributando la misma por impuesto de sociedades, sin perjuicio de la tributación como persona física».  A este respecto, el juez instructor concluye que «por el momento no hay indicios de elusión de impuestos, máxime cuando la sociedad que creó es administrada por él también y es único socio».