El juez del Supremo pide a la sede de WhatsApp en EEUU que remita los mensajes borrados por García Ortiz

El Tribunal Supremo ha dado un nuevo paso en la investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al ordenar que se tramite una comisión rogatoria a Estados Unidos para obtener información de WhatsApp, según consta en una providencia firmada por el magistrado instructor Ángel Hurtado Adrián este viernes. Tal como ha podido saber OKDIARIO, la decisión judicial se produce después de que las autoridades irlandesas comunicaran al alto tribunal que dicha solicitud de información debe dirigirse a las autoridades estadounidenses, y no a las irlandesas como inicialmente se había planteado.

«Vista la comunicación remitida por las autoridades irlandesas respecto de la Comisión Rogatoria dirigida a WhatsApp, […] y deduciéndose de la misma que dicha comisión rogatoria debe librarse a las autoridades de Estados Unidos, procédase a su tramitación», indica el documento judicial.

Esta providencia se enmarca en la causa especial que mantiene imputado por primera vez a un fiscal general del Estado, donde el juez instructor intenta recuperar mensajes y correos electrónicos que García Ortiz habría eliminado de sus dispositivos. Según ha trascendido en resoluciones anteriores del mismo caso, la Guardia Civil halló «cero» mensajes en los dispositivos del fiscal general durante un registro realizado en octubre de 2024. Se trata de los emails que presuntamente filtró para perjudicar la defensa de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, en un caso de posible fraude fiscal.

El magistrado Hurtado ha mantenido esta línea de investigación a pesar de los recursos presentados por la defensa de García Ortiz. En un auto anterior, el instructor desestimó las alegaciones del fiscal general y de la Abogacía del Estado, insistiendo en que la comisión rogatoria «ha sido necesaria» debido a «la falta de colaboración» del investigado, quien reconoció haber borrado sus comunicaciones por motivos de seguridad, amparándose en un supuesto protocolo de protección de datos de la Fiscalía General. Unas supuestas normas internas que no conocen multitud de fiscales consultados por OKDIARIO.

«De lo que se trata es de recuperar una información que existiera en dispositivos móviles utilizados por el investigado, que ha podido hacer desaparecer», argumentó el juez, quien rechazó que su decisión careciera de motivación suficiente o que no determinara el marco temporal de la investigación.

La defensa de García Ortiz también había solicitado que se informara a Eurojust, para que a su vez lo hiciera a las autoridades irlandesas, de que las comisiones rogatorias estaban recurridas por el investigado, así como los argumentos por los que se había opuesto el fiscal general. Sin embargo, el juez Hurtado rechazó esta petición argumentando que esto supondría «dejar en manos de un juez extranjero» una valoración que «debe sustanciarse por los tribunales españoles».

Prórroga de la instrucción

La causa, que se inició tras una querella presentada en marzo de 2024, ha sido prorrogada recientemente por seis meses adicionales debido a la «no poca complejidad» que supone la investigación tecnológica tras la desaparición de la información buscada.

El juez ha destacado en resoluciones previas que durante el registro realizado el 30 de octubre de 2024 en el despacho de García Ortiz, si bien se contó con «su total colaboración», las diligencias posteriores «han puesto de relieve que ha sido inexistente en orden al esclarecimiento de los hechos».

Según los informes de la UCO de la Guardia Civil, incorporados al sumario, García Ortiz borró los mensajes de WhatsApp hasta dos veces el mismo día que fue encausado por el Supremo, el 16 de octubre pasado. Asimismo, eliminó su cuenta personal de correo electrónico entre el 27 y 28 de diciembre, según admitió el propio investigado durante su declaración ante el Supremo.

Estos hechos llevaron al juez Hurtado a cursar comisión rogatoria a los proveedores de servicios WhatsApp y Google para que aporten cuantos datos obren en su poder respecto de García Ortiz, en un intento de recuperar la información eliminada.

En el procedimiento participan como acusaciones populares varias entidades y asociaciones, entre ellas Manos Limpias, la Fundación Foro Libertad y Alternativa, y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Esta última también había solicitado que se pidiera información a las sedes de WhatsApp y Google en España, petición que fue desestimada por el instructor.