La juez del 8-M pregunta a Comunidad y Ayuntamiento de Madrid si se cancelaron otros eventos masivos
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La juez Carmen Rodríguez-Medel ha dictado una providencia en la que solicita a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital que informen sobre los «eventos colectivos o masivos públicos o privados que se celebraron entre el 5 y el 9 de marzo» y si algún acto así fue «suspendido o cancelado por motivos sanitarios relacionados con el covid-19».
Entre estos eventos, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid incluye en su providencia los «deportivos, culturales, políticos, sociales, pruebas de acceso o selección para la Administración, ferias o cualesquiera otros».
Rodríguez-Medel dicta esta orden a petición de la Abogacía del Estado, que representa al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en la investigación por la celebración de manifestaciones masivas como lo fue la del 8-M en la capital coincidiendo con el principio de la epidemia de coronavirus en España.
La juez pide en su providencia que tanto la Comunidad como el Ayuntamiento «informen sobre los eventos colectivos o masivos públicos o privados (deportivos, culturales, políticos, sociales, pruebas de acceso o selección para la Administración, ferias o cualesquiera otros) que se celebraron entre los días 5 y 9 de marzo de 2020 en lugares públicos o privados con su autorización o conocimiento en el ámbito de sus competencias, con indicación de la fecha y aforo o número de asistentes».
Añade que se incluya en la información solicitada «si algún evento que corresponda a alguna de las categorías indicadas en el aparto anterior, programado entre los días 5 y 14 de marzo fue suspendido o cancelado por motivos sanitarios relacionados con el COVID-19 y en tal caso, fecha y documento que acredite tal extremo. Debiendo presentar contestar antes del día 11 de junio a las 18 horas, dándose traslado a las partes a continuación de su recepción».
Esta petición de la juez se produce justo un día después de que el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, declarase en su juzgado.
Franco confesó ante la juez del caso 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, que el 9 de marzo –sólo un día después de celebrarse las multitudinarias concentraciones feministas– tomó «conciencia de la gravedad del asunto». Supuestamente se topó con la realidad de golpe y porrazo tras percatarse de que el número de contagiados en la capital de España se había incrementado en un 1.800%, según explicó en sede judicial.
También declararon ayer, en calidad de testigos, el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; el director del Gabinete Técnico, Luis María Sanz; y el director de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas. Según fuentes jurídicas, las declaraciones se han centrado en si la Delegación tenía competencias en materia de sanidad o si éstas eran de la Comunidad de Madrid.
Uno de los eventos que está en la retina durante esos días es el ‘Congreso Unlimited 2020’ de la Iglesia Evangélica. El ministro de Sanidad mantuvo una reunión con dos representantes evangélicos el 5 de marzo, apenas tres días antes de la manifestación feminista del 8 de marzo, jornada en la que se dispararon los contagios por coronavirus en España. Así consta en el informe de la Guardia Civil remitido a la juez Carmen Rodríguez-Medel y que ha derivado en la destitución del jefe de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por Interior y la dimisión del director adjunto operativo (DAO), Laurentino Ceña.
Según el informe, al que ha tenido acceso OKDIARIO, los representantes evangélicos Jorge Fernández (Federe) y Manuel Cerezo (CEM) expusieron el 5-M la celebración de dicho Congreso en la Caja Mágica de Madrid del 19-21 de marzo, para el que preveían la asistencia de 8.000 personas. «A lo que el ministro Illa acompañó con gestos negativos en su cabeza la frase ‘No, eso no se puede hacer’, procediendo a emplazarles a una nueva reunión el día siguiente» a la que además de ellos asistiera el principal organizador del Congreso, Juan Carlos Escobar, presidente de las Asambleas de Dios en España. La Guardia Civil así lo indica tras tomar declaración a dichos delegados evangélicos.
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