El juez cree que Aguirre concertó «una estrategia» para pagar gastos del PP con fondos públicos

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón cree que existió una estrategia concertada, bajo la «supervisión» de Esperanza Aguirre, para desviar fondos públicos de la Comunidad de Madrid que «abonasen fraudulentamente gastos particulares y electorales del Partido Popular» madrileño.

El «plan acordaría» que dicha distracción del erario de todos los madrileños «se materializase a través de las subvenciones concedidas por la CAM» a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autonóma de Madrid (FUNDESCAM).

Así lo recoge en un Auto, emitido este lunes, el juez instructor de la pieza separada número 9 de la ‘Púnica’, sobre la ‘caja B’ del PP regional.

En dicha resolución -por la que el magistrado García-Castellón acuerda imputar a las ex presidentas de la Comunidad, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes- se hace constar que durante los años objeto de análisis en la investigación policial, quienes «estaban autorizados» en las cuentas bancarias del Partido Popular eran la propia Aguirre; Francisco Granados, entonces consejero y secretario general de los populares madrileños; José Ignacio Echevarría, presidente de la Asamblea; y, Beltrán Gutiérrez, ex gerente del PP de Madrid .

Además «tal y como recoge tener una intervención relevante», sostiene García-Castellón, «los investigados que ocupaban los puestos de Gobierno más cercanos a la Presidencia de la CAM y del propio partido: Gutiérrez, González y Granados» habrían sido las personas de confianza en las que la ex presidenta de la CAM, Esperanza Aguirre «se apoyó para que ejecutasen sus decisiones».

Gutiérrez, González y Granados habrían sido las personas de confianza en las que Esperanza Aguirre «se apoyó para que ejecutasen sus decisiones»

Para el magistrado, tal y como se desprende del contenido de su Auto, «todos ellos se sirvieron de la circunstancia de que FUNDESCAM era una fundación adscrita al partido y por tanto gestionada desde el mismo, bajo la supervisión de sus máximos dirigentes», para utilizarla como herramienta al servicio del «desvío de fondos públicos», previa concesión de «subvenciones anuales» otorgadas por la CAM.

Dichas ayudas a fondo perdido «pagarían gastos de funcionamiento del propio partido y gastos electorales» que se «omitieron» tanto en las partidas de «contabilidad electoral», sin declararse ante la Cámara de Cuentas ni el Tribunal de Cuentas.

Un entramado en el que el investigado Beltrán Gutiérrez, entonces gerente de la formación popular madrileña, «controlaba directamente sus gastos e
ingresos» y era el encargado de contabilizarlos.

Para el magistrado -que hoy mismo acordaba citar a declarar a Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, los días 1 y 18 de octubre respectivamente, para que aclaren todos estos extremos- tomaría valor «en la estrategia», que el instrumento empleado en el «transvase de fondos» -FUNDESCAM- «estaba bajo la supervisión» de la propia Aguirre y «el control directo de todos aquellos consejeros» de su máxima confianza.