La jefa de contratación del Gobierno imputada por malversar contratos covid cobraba 100.000 € al año

Paloma Rosado Santurino, directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación del Gobierno de Pedro Sánchez, y una de las imputadas por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos covid, cobró durante el año de la pandemia más de 100.000 euros de las arcas públicas.

Rosado Santurino es una de los tres altos cargos del Ejecutivo socialista que recientemente desfilaron por un juzgado de Madrid acusados de prevaricación, malversación y fraude por la adjudicación de medio centenar de contratos por importe de 310 millones de euros destinados a la compra de material sanitario durante la primera ola de la pandemia.

Precisamente en aquellas fechas, cuando España sufría los errores de la Administración en materia de contratación, Paloma Rosado percibía como responsable de compras 108.080 euros anuales. Más de 7.720 euros euros al mes.

De este modo, el sueldo de la directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación, dependiente del Ministerio de Hacienda, fue superior al del propio presidente del Gobierno, que percibió 84.845 euros ese año, o al de ministras como María Jesús Montero, Nadia Calviño, Irene Montero o Yolanda Díaz, cuyos salarios oscilaron entre los 70.000 y los 80.000 euros anuales.

Sin responsabilidad

Hace unas semanas, Paloma Rosado Santurino fue citada a declarar por la titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, como investigada por las presuntas irregularidades halladas en la adjudicación de contratos covid del Gobierno durante la primera ola de la pandemia.

En su comparecencia ante la juez, la responsable de compras del Ministerio de Hacienda negó haber participado en las adquisiciones de material sanitario. Ello a pesar de que en su día Salvador Illa anunció que la Cartera de María Jesús Montero pasaba a encargarse de este tipo de tareas.

En concreto, fue en marzo de 2020, durante los primeros compases de la crisis sanitaria, cuando el Ministerio de Hacienda se vio obligado a intervenir en la contratación ante la grave situación que se vivía en los hospitales, y después del caos logístico y los errores protagonizados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), organismo sobre el que Sanidad había delegado la contratación del material necesario para afrontar la emergencia, y cuyo responsable, Alfonso María Jiménez, está también imputado en esta causa.

La falta de coincidencia entre el anuncio de Salvador Illa en aquellas primeras semanas de pandemia y lo declarado por Rosado Santurino durante su interrogatorio es un asunto que, a juicio de Vox, debe aclararse. La formación que dirige Santiago Abascal interpuso la querella que dio inicio a esta investigación en la que, además de la responsable de compras de Hacienda, también están imputados el director del INGESA, Alfonso María Jiménez, y la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz. Todos ellos están acusados de prevaricación, malversación y fraude de 310 millones de euros.