IU prepara una ley contra «los 40 años de impunidad franquista» por la Ley de Amnistía de 1977

El Boletín Oficial del Estado la publicó el 15 de octubre de 1977, cuatro meses después de las primeras elecciones democráticas que dieron lugar al Parlamento que redactó la Constitución. Pero para Izquierda Unida la Ley de Amnistía, largamente reivindicada por sus antecesores del Partido Comunista de España, es una «ley de punto final» que hay que eliminar. Así, la formación que dirige Alberto Garzón, coaligada con Podemos en el Congreso de los Diputados, prepara una proposición de ley destinada a acabar con la «impunidad franquista garantizada» por aquella norma.

Esta iniciativa forma parte de una campaña aprobada la pasada semana por el órgano ejecutivo de la formación, un plan «imprescindible» para superar «40 años de franquismo y otros 40 años de impunidad garantizada» de los crímenes de la dictadura, según ha explicado el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, en rueda de prensa.

Garzón ha comunicado que su formación redactará una proposición de ley para su debate en el Congreso y que servirá para acabar con la «ley de punto final» –en referencia a la citada Ley de Amnistía–, aprobada a comienzos de la Transición y aún vigente, de cara a la «construcción de un nuevo país».

La responsable federal de Memoria Democrática de IU, Esther López Barceló, presente junto a Garzón, ha reconocido que la ley de 1977 «respondía en su día a las reivindicaciones de la izquierda» de liberar a presos políticos del franquismo, pero ha denunciado que actualmente se hace una «interpretación torticera» que conduce a la impunidad de todos los crímenes ocurridos.

Por ello, el grupo de trabajo estará compuesto principalmente por expertos juristas y politólogos, que, junto a los contactos que IU mantendrá en los próximos días con portavoces de asociaciones de la memoria y de víctimas del franquismo, se encargarán de trazar la línea de actuación de la campaña.

La Ley de Amnistía, aprobada dos años después de la muerte de Franco, supuso la liberación de presos políticos, pero también que delitos cometidos durante la dictadura no pudieran ser juzgados.

Y esa extinción de la responsabilidad penal dictada por la citada norma supondrá un obstáculo para la ley que prepara IU. La propia Constitución de 1978 prevé en su artículo 9 la «irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables».