España

Montero repartirá 1 millón en ‘bonus’ de productividad a su séquito aunque no ha aprobado ni una ley

  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, dispone de un montante de 1.037.060 euros para «incentivos al rendimiento», especialmente en complementos de productividad, según consta en los Presupuestos Generales del Estado. Una cantidad que resulta relevante a la vista del pobre trabajo legislativo del departamento.

En concreto, las cuentas recogen una partida de 1.037.060 en «incentivos al rendimiento», dentro del programa 232M Dirección y Servicios Generales de Igualdad, que comprende el «Ministerio, subsecretaría y servicios generales». Esta partida se distribuye en dos conceptos: 1.026.240 para productividad y 10.820 euros en «gratificaciones».

Los incentivos al rendimiento pueden ir destinados a funcionarios y personal laboral bajo las órdenes de la ministra de Igualdad, pero también a altos cargos y personal designado ‘a dedo’, como los asesores y demás empleados de confianza. Según se recoge en el Estatuto Básico del Empleado Público, estos complementos se dedican a reconocer el «especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que se desempeñe el trabajo».

Estas cantidades están sujetas a una gran discrecionalidad y falta de transparencia. No se conocen las razones concretas por las que se asignan, ni tampoco existen criterios establecidos para el reparto. Lo que sí es evidente es que ese ‘plus’ supone un jugoso incremento al salario de base.

Más de 100.000 euros

Eso provoca que cargos como el de la hasta ahora directora general del Instituto de las Mujeres, Beatriz Gimeno – candidata por la lista de Pablo Iglesias a las elecciones en la Comunidad de Madrid- vean incrementada sustancialmente su nómina.

La asesora estrella de Irene Montero, que cobró 113.404,44 euros por once meses en el cargo en 2020, es autora de varias polémicas declaraciones, como cuando justificó la quema de iglesias durante la II República española: «Era una institución tan odiada por la clase trabajadora, por el campesinado, por la mayoría de los intelectuales que, en cuanto se prendió una chispa, la gente corrió a quemar iglesias», escribía en una columna publicada el 31 de octubre de 2013 en Eldiario.es.

En una entrada en su blog publicada hace unos años la alto cargo de Igualdad animaba a penetrar analmente a los hombres para alcanzar la igualdad: «El ano es una de las principales zonas erógenas para hombres y mujeres, pero especialmente para los hombres. Estoy convencida, cada vez más, que para que se produzca un verdadero cambio cultural tienen que cambiar también las prácticas sexuales hegemónicas y heteronormativas y que sin ese cambio, que afecta a lo simbólico y a la construcción de las subjetividades, no se producirá un verdadero cambio social que iguale a hombres y mujeres», opinaba Beatriz Gimeno. Según los Presupuestos Generales, el Instituto de las Mujeres tiene una asignación de 555.130 euros en «incentivos a la productividad».

Después de ella, el subsecretario de Igualdad, Pedro Francisco Guillén Marina -que ya no forma parte del Ministerio- ingresó 110.472,91 € hasta el 31 de diciembre. La tercera alto cargo de Montero que más ganó fue la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera, con 101.955 euros. Vera es periodista y trabajó con Pablo Iglesias en el programa La Tuerka. 

Leyes

El balance legislativo de Irene Montero es, sin embargo, nulo. Sus dos proyectos estrella, la Ley de libertades sexuales y la Ley ‘trans’ están parados por las discrepancias con sus socios de Gobierno y las múltiples deficiencias jurídicas detectadas.

Recientemente, cabe recordar, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitía un demoledor informe sobre la conocida como Ley del ‘sólo sí es sí’ afirmando que «puede tener el efecto de desprotección a las víctimas». En opinión de los magistrados es innecesario el eje central de la propuesta de Irene Montero, según el cual «se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto». Además, los jueces avisan de que introducir el delito de abusos sexuales en el de agresión sexual puede desproteger a la víctima ya que resultará irrelevante el empleo de un medio más lesivo que otro de menor intensidad.

Por otro lado, la Ley ‘trans’ genera abiertos enfrentamientos con el PSOE. Según el borrador, se permitirá el cambio de sexo en el registro sin necesidad de informe ni tratamiento médico a partir de los 16 años, y entre los 12 y los 16 con consentimiento de padres o tutores. Para el cambio de sexo será suficiente la libre declaración de la persona interesada. Entre otras medidas, el Sistema Nacional de Salud ofrecerá tratamiento hormonal, terapia de voz, cirugías genitales, mamoplastias, mastectomías y material protésico y las personas trans con capacidad de gestar podrán optar a las técnicas de reproducción asistida.

La vicepresidenta Carmen Calvo exhibió su preocupación por «la idea de pensar que el género se elige sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles». Unas afirmaciones que provocaron las críticas de Podemos y de la propia Montero, que respondió a Calvo afirmando que «la identidad de género no es un capricho».