Interior destituye al comisario Óscar San Juan, mano derecha del jefe de la Policía imputado por violación

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado relevar «de cualquier responsabilidad de sus funciones actuales» al comisario Óscar San Juan González, asesor directo del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez Jota, que dimitió este martes tras la primicia de OKDIARIO de la admisión a trámite de una querella por presunta agresión sexual contra una inspectora subordinada.

San Juan está acusado de haber llamado a la víctima para ofrecerle que eligiera libremente su destino profesional a cambio de silencio. Mientras tanto, OKDIARIO ha captado este miércoles al ya ex DAO abandonando su vivienda oficial en Madrid a las 07:40 horas custodiado por un escolta y en coche oficial, pese a haber abandonado el cargo.

Las caídas del número uno uniformado del Cuerpo Nacional de Policía y su mano derecha han sido fulminantes. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid ha citado a declarar al primero como investigado el próximo 17 de marzo, junto a la denunciante, una inspectora con la que mantuvo en el pasado una relación marcada, según la querella, por «una asimetría de poder institucional manifiesta».

Según el relato recogido en la querella, presentada el 9 de enero de 2026, los hechos se remontan al 23 de abril de 2025. González Jiménez habría agredido sexualmente a la víctima en su domicilio oficial, una vivienda de titularidad pública adscrita al cargo, tras utilizar su autoridad jerárquica para obligarla a abandonar su puesto en la Comisaría Local de Coslada (Madrid) y trasladarse en un vehículo policial camuflado, un Renault Kadjar.

Una vez en el interior de la vivienda, el querellado desplegó, según la acusación, «una conducta agresiva de naturaleza sexual caracterizada por violencia física e intimidación ambiental», ignorando las negativas «claras, nítidas y rotundas» de la víctima. La defensa de la inspectora sostiene que los hechos están sustentados por una grabación de audio de 40 minutos que obra en poder de la acusación.

La querella acusa a González Jiménez de cuatro delitos: agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, todos ellos con la agravante de abuso de superioridad.

Precio del silencio

Tras los hechos, González Jiménez habría iniciado, según la denunciante, una «campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica». Esa misma noche realizó 17 llamadas al móvil de la víctima en un breve intervalo de tiempo, ninguna atendida. En los días siguientes envió mensajes de WhatsApp de contenido culpabilizador, llegando a ofrecer «compensaciones laborales como precio del silencio».

El episodio más explícito de esa campaña de presiones llegó el 13 de julio de 2025. El comisario Óscar San Juan González, asesor directo del DAO y testigo de la comida del 23 de abril, llamó por teléfono a la víctima para proponerle que «elija a qué destino/puesto de trabajo quiere ir y que cuando lo tenga pensado se lo mande por WhatsApp».

Cuando la agente señaló que aquello era una proposición emanada de González Jiménez, San Juan respondió con una parquedad desenvuelta: «No sé de qué hablas y sólo te llamo para saber tus intereses». La víctima fue lacónica: «No contesto a su proposición».

Desde el 28 de julio de 2025, la inspectora se encuentra de baja laboral con diagnóstico de trastorno ansioso-depresivo reactivo a agresión sexual y con el armamento retirado, situación que se mantenía a la fecha de presentación de la querella.

Reacción policial y política

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, había reclamado el cese inmediato del DAO tras conocerse la admisión a trámite de la querella, subrayando que «la vara de medir debe ser la misma para todos» y que «la ejemplaridad no puede ser una exigencia exclusiva para los agentes de base».

Grande-Marlaska ha asegurado este miércoles que el Ministerio desconocía por completo la denuncia hasta el martes. «Evidentemente no sabíamos nada, si hubiéramos sabido, al mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, se le habría pedido la renuncia y el cese inmediato, como se hizo ayer», ha declarado antes de la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

El ministro ha añadido que «la prueba más concreta» de ese desconocimiento es que el abogado de la víctima ha confirmado que mantuvieron la denuncia en secreto hasta el martes por la tarde.

González Jiménez ingresó en la Policía Nacional en 1984 y era desde 2018 el máximo mando operativo del cuerpo, desde que Grande-Marlaska asumió el Ministerio. En noviembre de 2024, el Ejecutivo dejó sin efecto su jubilación al cumplir 65 años mediante una modificación legal introducida en el real decreto de ayudas a la DANA de Valencia, medida que fue cuestionada por la oposición y sectores policiales.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de «saber, tapar y proteger» la presunta agresión, y ha afirmado que «no prescinden de él por lo que hizo, sino porque se ha hecho público».