España
"Desinformación"

Un informe impulsado por el Gobierno plantea reformar el Código Penal para perseguir los «bulos»

  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El Gobierno busca propuestas para su plan contra la «desinformación» y los medios críticos que publican informaciones sensibles contra el presidente y su entorno. Un ejemplo es el informe elaborado por el autodenominado Foro contra las campañas de desinformación, un grupo independiente de expertos constituido bajo la coordinación del Ministerio de la Presidencia. Se define como un «espacio de colaboración entre instituciones públicas y sociedad civil, sector privado y academia» para «impulsar la generación e intercambio de conocimiento sobre el riesgo que la desinformación supone para nuestro Estado democrático y de Derecho y fomentar el debate sobre los mecanismos disponibles para afrontarlas».

Entre otras iniciativas, el último informe de este foro plantea una reforma del Código Penal, en concreto del artículo 510 relativo a los delitos de odio, para «incluir la persecución penal de la difusión pública y maliciosa de contenidos manifiestamente falsos».

«En este sentido, debería valorarse la posibilidad de abrir el debate jurídico, sin prejuzgar un resultado concreto, tanto a nivel nacional como europeo, sobre la oportunidad desde una perspectiva de política criminal de crear nuevo tipo delictivo específico, con todas las cautelas y limitaciones apuntadas, para perseguir penalmente aquellos comportamientos en los que, de manera concertada y coordinada, con manifiesto y consciente desprecio a la verdad se difunden públicamente contenidos falsos o deliberadamente manipulados en los que su autor se representa o pueda representarse razonablemente que de sus publicaciones se van a generar entre la población reacciones de odio, hostilidad, violencia o discriminación, humillación o menosprecio contra personas o grupos por motivos discriminatorios».

En el dosier se destaca que «existen verdaderas dificultades para incluir la conducta consistente en difusión de bulos» como delito en el actual Código Penal. Por ello, concluyen, «la redacción del nuevo delito debería limitarse a los supuestos de intencionalidad directa de la acción de expandir bulos o de llevar a cabo la acción con dolo eventual o culpa consciente para no dejar atípica ninguna conducta».

«No obstante», se matiza también, «no se deben usar herramientas excesivas en la respuesta sancionatoria ni en la posible amenaza a los propios valores defendidos. Una respuesta colaborativa y graduada parece mucho más aconsejable».

«Se debería poder acudir a la vía administrativa para los hechos que no sean graves y que no supongan una puesta en peligro del colectivo al que atacan». Para ello, «es necesario mejorar en la regulación y aplicación del régimen administrativo sancionador y en la posibilidad de cesión de datos de tráfico para procedimientos administrativos sancionadores y civiles de vulneración del derecho al honor, intimidad o propia imagen, así como en la coordinación entre instituciones estatales y autonómicas para garantizar la efectiva imposición de sanciones y evitar su prescripción».

Este foro, creado mediante un acuerdo del Consejo de Ministros y con el sello del Ministerio de la Presidencia, elabora anualmente un informe en el que analiza el escenario informativo y propone medidas para frenar el fenómeno de la difusión de noticias falsas o malintencionadas. Sus grupos de trabajo están formados por expertos y profesionales del ámbito de la comunicación, que elevan sus distintas propuestas.

Sus autores destacan la independencia del foro y de sus iniciativas. En esta ocasión, el informe se presenta en el contexto de la ofensiva del Gobierno contra los medios de comunicación críticos que han revelado los casos de corrupción que le afectan, como el caso Begoña Gómez, el caso David Sánchez o la conocida como trama Koldo. El Ejecutivo se ampara precisamente en el concepto de «desinformación» para intentar poner coto a estos contenidos.

Técnicos anti-bulos

Otra de las medidas incluidas en el informe es la creación de un «cuerpo profesional de técnicos de comunicación del Estado».

«Estos profesionales, formados en técnicas avanzadas de comunicación y en la lucha contra la desinformación, desempeñarían un papel crucial tanto en la comunicación exterior, a través de servicios diplomáticos y embajadas, como en la administración pública a nivel estatal y local, abarcando ministerios, diputaciones y corporaciones locales».

Contar con un cuerpo del Estado especializado en comunicación permitiría, exponen los autores, «no sólo una gestión más eficaz de los contenidos comunicativos, sino también una respuesta rápida y coordinada ante amenazas de desinformación o campañas de injerencia».

Su acceso se realizaría «mediante habilitaciones específicas o a través de mecanismos de oposición». Igualmente, se propone «integrar a estos técnicos de comunicación del Estado en una red más amplia, que incluya a comunicadores del sector privado y del tercer sector», lo que «crearía una malla de profesionales capaz de frenar eficazmente bulos, manipulación informativa y otras formas de desinformación». «Esta red cohesionada y proactiva serviría como una barrera protectora frente a la manipulación informativa, contribuyendo significativamente a la estabilidad y la confianza en las instituciones públicas y privadas».

Fuentes de Dircom y UTECA (Unión de Televisiones Comerciales en Abierto) enmarcan la propuesta «en un contexto de lucha contra la desinformación asociada a la injerencia desestabilizadora de terceros países en sociedades democráticas, en línea con lo denunciado por la UE», por lo que «el enfoque de la propuesta de Dircom de creación de un cuerpo de técnicos de comunicación del estado no se orienta a la gestión informativa en clave local ni a la categorización de los medios».

«El objetivo de la propuesta sería profesionalizar una función clave, la de la gestión de la comunicación en distintos niveles de la administración, a través de un corpus de conocimientos vinculados a la materia, en los que la lucha contra la desinformación o las implicaciones de la digitalización sean incorporados. Del mismo modo que los abogados del Estado o los técnicos comerciales del Estado son expertos en materias legales o en economía, los técnicos de comunicación del Estado proporcionarían al Estado, no sólo al Gobierno de turno, en sus distintos niveles de la administración, profesionales cualificados con un alto grado de especialización, lo que junto con los profesionales de la comunicación del sector privado y del tercer sector y la academia, crearía una malla de profesionales capaces de reaccionar ante campañas de desinformación orquestadas por terceros países».

«Del mismo modo que, en la lucha contra la ciberdelincuencia, ha sido imprescindible aunar esfuerzos desde la administración pública y el sector privado, junto con las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, la lucha contra la desinformación requiere coordinación de actuaciones desde varios frentes», concluyen.

Se trata de una propuesta incluida en el capítulo escrito por miembros de Dircom y UTECA en el que se pone el valor y el papel de los medios de comunicación y las direcciones de Comunicación en el combate contra la desinformación, dentro de la edición 2024 del Foro contra la Desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional.  «Es un trabajo basado en el conocimiento y el criterio profesional de los autores de Dircom y UTECA que han participado en su redacción. Desde el Foro han asumido exclusivamente funciones de coordinación, sin intervención en el contenido y enfoque del capítulo», señalan.