El independentismo vuelve a la carga: el Parlament permite votar a los fugados pese a prohibirlo el Constitucional

El independentismo vuelve a la carga y tras un acuerdo de la Mesa de Edad del Parlament, con un diputado de Junts, una de ERC y una de Vox -la única que se ha opuesto-, han permitido votar a los diputados fugados pese a que el Tribunal Constitucional lo prohibió. De esta forma, Carles Puigdemont y Lluís Puig, ambos de Junts, han podido delegar su voto en el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet. El diputado de ERC Rubén Wagensberg, también fugado, lo podía delegar igualmente, ya que se encuentra de baja médica.

La decisión de permitir el voto de los tres parlamentarios fugados, que en un principio podrían regresar a España cuando se publique en el BOE la amnistía, es uno de los motivos que ha hecho a los partidos separatistas aparcar sus diferencias para apoyar a Josep Rull como president del Parlament. Junts, ERC y la CUP tenían muy claro que querían una mayoría «antirrepresiva» en el máximo órgano de decisión de la Cámara catalana para que nada ni nadie pudiera torcer estos planes.

Al inicio del pleno, tras el discurso del presidente de la Mesa de edad, Agustí Colomines, en el que ha sentenciado que «la democracia en España está en peligro» los portavoces del PP y Vox han pedido la palabra. Alejandro Fernández y Joan Garriga han pedido a Colomines que no permitiera la votación de los parlamentarios fugados, cumpliendo así con la decisión acordada por el Tribunal Constitucional. Una petición que no ha sido escuchada por el diputado de Junts.

Fernández, ante esa negativa, ha avanzado que el Partido Popular presentará un recurso de amparo al Tribunal Constitucional para que decida si la votación que ha elegido a Josep Rull como nuevo president del Parlament se ha hecho acorde a la normativa o no. Si el Constitucional diera la razón al PP, podría obligar a repetir la votación de la Mesa de la Cámara catalana.

La semana pasada, tras conocerse la decisión del TC, a raíz de un recurso del PSC, ERC ya apostó por contabilizar el voto de los tres diputados independentistas «en el exilio» en la sesión constitutiva del nuevo Parlament. Una decisión que colisionabas frontalmente con el criterio del Tribunal Constitucional. Junts y la CUP ya habían trasladado anteriormente su deseo de no acatar las normas de los jueces.

La importancia de contabilizar o no los votos de Puigdemont, Puig y Wagensberg radicaba en la incertidumbre en torno a la elección de los siete cargos de la Mesa del Parlament, no solo la presidencia. De esta forma, los separatistas se aseguraban también una mayoría soberanista, dejando fuera del órgano de control al PP.

Los partidos independentistas defienden «el derecho a voto de los tres diputados electos que están en el exilio», por lo que, «de la misma manera que lo defendió Ernest Maragall» como presidente de la Mesa de Edad en la sesión constitutiva de 2021, consideran que «hay que aceptar su voto cuando se configure el nuevo Parlament».

Con la presidencia y la Mesa en manos del separatismo, además, ERC y Junts se aseguran que sus diputados podrán seguir votando en el futuro aunque sigan fugados de España. Pues aunque la Ley de Amnistía que se debe publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) olvida los delitos que cometieron y por los que se les investiga, los posibles recursos a la norma impulsada por el PSOE puede retrasar el retorno de algunos de ellos.

La decisión de los tres partidos separatistas, desacatando las órdenes del Tribunal Constitucional, también evidencia que los supuestos beneficios en los que Pedro Sánchez sustentaba la Ley de Amnistía no son tal. Pues el PSOE aseguró que se trataba de una decisión «por la reconciliación y la convivencia» y que ponía fin al procés. Dos cosas que Junts, ERC y la CUP se han encargado de dejar claro que no es así. Que no van a renunciar a nada y que van a aprovechar la amnistía para hacerlo desde una posición de privilegio.