Los imputados de Plus Ultra revelan que los contratos tras el rescate firmados en Suiza son «inauténticos y mendaces»

El ex consejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, investigado en la causa sobre el rescate de 53 millones de euros, el conocido como caso Plus Ultra o caso Zapatero, ha entregado al juez nueva documentación de la aerolínea. En su escrito sostiene que los contratos remitidos por las autoridades suizas a través de comisiones rogatorias «no serían auténticos» y «son mendaces». Su defensa afirma que la firma del ex presidente Julio Martínez Sola «está pegada una y otra vez» de documentos previos.

El escrito, fechado en Madrid el 24 de septiembre de 2026 y al que ha tenido acceso OKDIARIO, se ha presentado ante el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional. Con él, Roselli ha cumplido el ofrecimiento que hizo en su declaración ante el instructor y la Fiscalía el pasado 8 de septiembre.

Según su defensa, esos documentos pretenden aparentar una inversión que no existió: «Se está tratando de hacer ver con tales documentos que se invirtió en el bono, cuando no fue así». Por ello concluye que no responden «a negocios jurídicos reales».

La representación de Roselli ha reconocido que coincide con la Fiscalía. El Ministerio Público ya advirtió en la declaración de «discrepancias entre la documentación aportada a través de la Comisiones Rogatorias y la documentación facilitada por esta parte».

Los contratos de Plus Ultra

El primer documento cuestionado lleva la firma de Wailea Investment Limited, está fechado el 15 de noviembre de 2020 y asciende a 500.000 dólares. Se refiere a la compra del bono que Plus Ultra emitió en 2019.

Sin embargo, el escrito subraya que Wailea «no participó en la compra del bono emitido en 2019», ya que «sólo la compañía Valerian participó en la compra».

La defensa ha descrito así el supuesto método: el autor habría «tomado una copia del contrato de compra de bonos de Valerian, modificado la fecha, la empresa y la firma de D. Julio Martínez».

Lo mismo sostiene del contrato atribuido a Allpa Wira, fechado el 20 de noviembre de 2020 y también por 500.000 dólares. Lo califica igualmente de «inauténtico y mendaz».

El ex directivo ha precisado que ignora el propósito de esa manipulación. «Se desconoce por esta parte la finalidad concreta de esa falsedad», afirma el escrito. Añade que desconoce las indagaciones «que se llevaron a cabo en Suiza y Francia».

Frente a esos papeles apócrifos, Roselli ha reiterado que los contratos auténticos son los que aportó el 20 de julio de 2026. Se trata de cinco préstamos puente:

• Wailea: 500.000 dólares, el 28 de octubre de 2020.
• Allpa Wira: 500.000 dólares, el 20 de noviembre de 2020.
• Panacorp Casa de Valores: 450.000 euros, el 4 de enero de 2021.
• Valerian Corporation Limited: 450.000 euros el 29 de enero y otros 450.000 euros el 26 de febrero de 2021.

«En total Plus Ultra recibió 5 transferencias», resume el documento.

La defensa también ha admitido irregularidades formales en los contratos de 2019 con Valerian. En el del 25 de abril aparece el nombre de Roselli, pero la firma pertenece a Martínez Sola, «debido a un error interno al no actualizar el firmante».

El rescate de la SEPI

Entre la documentación figuran correos intercambiados con José Ángel Partearroyo, entonces director de Participadas de la SEPI. El 27 de noviembre de 2020, el holding público pidió la lista de acreedores con «deudas relevantes que puedan beneficiarse indirectamente de la potencial concesión de apoyo público temporal».

Partearroyo lo concretó por escrito ese mismo día: «Si por favor, el conflicto estaría con los que tenéis deudas pendientes relevantes».

La relación remitida por la aerolínea la encabezaba la venezolana PDVSA, con 4.694.926 euros. Una nota adjunta explicaba que era elevada porque la petrolera «no puede cobrar hasta solventar su situación en la OFAC», la oficina estadounidense de sanciones.

Roselli no dispone de esas transferencias, pero asegura recordar que con ellas «se pagaron rentas de avión y otros gastos operativos». El documento atribuye además a Rodolfo Reyes una intervención en los controles sobre la procedencia de los fondos de los préstamos.

El ex directivo ha lamentado que su colaboración sea limitada. Según su defensa, la compañía le ha denegado cualquier información «aduciendo que no ostenta ya ningún cargo».

Un rescate bajo sospecha

El Consejo de Ministros autorizó el rescate en marzo de 2021. Se articuló en un préstamo ordinario de 19 millones y otro participativo de 34 millones, y los contratos se firmaron el 12 de marzo. El dinero en lugar de en el tejido productivo español acabó en Suiza, Reino Unido, Puerto Rico, Mauricio. yG Gibraltar.

La operación ya había sido objeto de un procedimiento anterior ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, abierto por una denuncia de Manos Limpias y con Vox y el PP como acusación. Aquella causa se archivó provisionalmente en enero de 2023.

Los informes internos de la propia aerolínea retrataban una situación delicada. En mayo de 2021, el departamento financiero avisaba a la SEPI de que «se hace imprescindible recibir el importe faltante de la ayuda otorgada para garantizar la operación».

En una causa en la que una misma firma parece haber viajado de un papel a otro sin que su titular empuñara la pluma, la pregunta ya no es solo quién firmó, sino quién recortó y pegó, lo que podría ser un delito de falsedad documental. Esa respuesta, por ahora, sigue al otro lado de los Alpes.