Impulsar el bable en Asturias costará más que mantener la red de residencias de ancianos: 70 millones

Las estadísticas y los sondeos de opinión en Asturias son contundentes: una gran mayoría de los asturianos dan la espalda a la cooficialidad del bable. Sin embargo, el PSOE y Podemos, junto con Izquierda Unida y el apoyo de Foro Asturias –el partido fundado por Francisco Álvarez-Cascos–, insisten en sacar adelante un proyecto que, según cálculos, podría alcanzar un gasto público de alrededor de 70 millones de euros. Una cifra que, por contextualizar, es superior a los 69 millones de euros que se gasta el Principado en el mantenimiento de toda la red de residencias de ancianos públicas de Asturias, la región más envejecida de España.

Los 27 diputados que han mostrado su apoyo a votar la cooficialidad del bable anticipan que Asturias se sumará al club de comunidades autónomas con una lengua propia. Pero como denuncia buena parte de la sociedad civil asturiana e insisten en la Junta del Principado los grupos de Vox o PP, lo que se va a impulsar en Asturias es una «lengua de laboratorio».

Vox dirige en Asturias la contraofensiva contra la cooficialidad del bable. El Gobierno asturiano la ha denominado «cooficialidad amable», para tratar de sumar apoyos insistiendo en que la reforma de la ley hará hincapié en el derecho a hablarlo y no a la obligatoriedad de conocerlo. Sin embargo, desde Vox consideran que esa declaración es poco menos que un caballo de Troya, una forma de incluir la obligatoriedad por la puerta de atrás en base a futuras leyes. Normativas que, como ha advertido el portavoz de Vox en Asturias, Ignacio Blanco, podría obligar en un futuro a que «en tu negocio tendrás que atender en llingua». El pasado mes de mayo, los diputados de Vox abandonaron el parlamento asturiano en protesta por el uso que desde Podemos se hacía del bable en la Cámara, sin que sea una lengua oficial.

Según los cálculos de los promotores de la cooficialidad, que el bable sea lengua generaría alrededor de 30.000 empleos en Asturias. Precisamente las 30.000 personas que se manifestaron en octubre en Oviedo a favor de la cooficialidad. Sin embargo, lo que ninguna de esas plataformas ha explicado hasta ahora es el coste que supondrá para las arcas públicas poner en marcha la cooficialidad, impulsar el bable y acomodarlo en la estructura de la administración pública.

Mientras el Gobierno defiende que ese coste será prácticamente inapreciable, desde la Plataforma contra la Cooficialidad advierten que podría alcanzar una cifra que ronda los 70 millones de euros anuales.  El cálculo se basa en la estimación media del gasto público que se registra en comunidades con lenguas cooficiales, que van acompañadas de partidas ocultas y gastos imputados a otros programas.

Según el estudio realizado por la Plataforma contra la Cooficialidad, el coste medio por habitante que se destina a las lenguas cooficiales es de entre 46 y 49 euros, por lo que con una población que supera ligeramente el millón de habitantes, eso supondría unos 50 millones de euros. A ello habría que sumarle la partida de adecuación de la administración local -ayuntamientos- al bable, que según ese estudio superaría los 7 millones de euros.

Poner en marcha una lengua cooficial, en términos burocráticos, supone un desembolso extra. El estudio hace referencia al caso de Bruselas, donde el flamenco se unió como oficial al francés -la lengua más utilizada en esa región- generando una serie de costes que, trasladados a Asturias, el estudio eleva a unos 14 millones de euros en los primeros 5 años de desarrollo de la cooficialidad.

Ese coste de 70 millones de euros, por darle un contexto, supone el coste de 16.500 plazas de educación escolar o de 23.500 operaciones hospitalarias. Es superior también a los 69,7 millones de euros que el Principado ha consignado en los presupuestos actuales para los gastos corrientes y de servicio de la red de residencias de mayores. Una de las asignaturas pendientes en la región más envejecida de toda España. Con los nacimientos bajo mínimos, con el triple de fallecimientos que nacimientos, con más de 100.000 jóvenes que han abandonado la comunidad en las últimas dos décadas, el Principado se enfrenta al invierno demográfico más acusado del país. Las cifras muestran que Asturias puede considerarse casi como un espécimen en peligro de extinción.