Denuncian al Defensor del Pueblo la discriminación fiscal a los hijos de hombres asesinados por mujeres

La Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género, establece que únicamente los hijos menores de las mujeres asesinadas por violencia de género no estarán sujetos al pago del Impuesto de Incremento del Valor del Terreno de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, excluyendo a los hijos menores de los varones asesinados en similares circunstancias. La Federación Nacional Contra el Impuesto de Sucesiones (FENCIS) ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por «esta grave anomalía».

La normativa fue aprobada el pasado 21 de marzo y establece que «no se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles a título lucrativo en beneficio de las hijas, hijos, menores o personas con discapacidad sujetas a patria potestad, tutela o con medidas de apoyo para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica, cuyo ejercicio se llevará a cabo por las mujeres fallecidas como consecuencia de violencia contra la mujer».

La Federación Nacional Contra el Impuesto de Sucesiones ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo, alegando que es una «grave anomalía en las leyes fiscales españolas, con una clara y alevosa discriminación contraria a la Constitución de los hijos de padres asesinados por mujeres». La FENCIS se define a sí mismo como una «organización sin animo de lucro, un movimiento social sin colores políticos, con un único objetivo  la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, así como el asesoramiento y defensa de los afectados  por dicho impuesto en base a la disparidad geográfica, fiscal y evaluatoria actualmente existente». También lucha contra la Plusvalía Mortis Causa por ser «cruel, ilegal y abusivo».

El presidente de la federación, Francisco Langa, defiende que esta acción tiene como objetivo «impedir un trato claramente discriminatorio y desigual entre hijos menores huérfanos cuando uno de sus padres ha causado la muerte del otro». «Es una intervención totalmente justa, racional y de escasa repercusión económica para las arcas municipales», ha señalado.

«No entendemos como habiendo un Ministerio de Igualdad se consientan estas injusticias y arbitrariedades, y menos que sean promovidas desde el mismo», ha apostillado en alusión a la cartera que lidera la ministra Irene Montero.