España
Crisis del coronavirus

Illa borra el informe en el que admitía que la obligación de las mascarillas dependía de que las hubiera

Simón defendió que su uso por personas no contagiadas y sin síntomas no tenía "ningún sentido"

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El Ministerio de Sanidad ha borrado el rastro del informe en el que admitía que el uso obligatorio de las mascarillas dependía de su disponibilidad. Esta cuestión ha sido motivo de críticas después de que el Gobierno cambiase de criterio e impusiese la obligación en espacios cerrados y la calle, cuando no esté asegurada una distancia mínima de seguridad de dos metros. Hasta entonces, las autoridades sanitarias llegaron a defender que su uso no era recomendable.

Sin embargo, como reveló OKDIARIO, el documento ‘Recomendaciones sobre el uso de mascarillas en la comunidad en el contexto de Covid-19’ sí contemplaba ya la posibilidad de que dicha protección fuese obligatoria, aunque condicionándola a la disponibilidad. Así, Sanidad establecía «cinco opciones» que «se podrían convertir en niveles de implementación progresiva de la obligación o recomendación de uso, en función de la disponibilidad que haya, asociada necesariamente a la provisión de mascarillas a sus destinatarios». El quinto nivel es un uso generalizado, para la población «que tiene que salir a la calle», a «farmacias, supermercados, etc».

El informe indicaba además que «el uso de mascarillas en población general puede servir como un medio de control de la fuente de infección al reducir la propagación en la comunidad ya que se reduce la excreción de gotas respiratorias de individuos infectados que aún no han desarrollado síntomas o que permanecen asintomáticos».

Sin embargo, se avisaba también que «el uso de mascarillas en la comunidad debe considerarse sólo como una medida complementaria y no como reemplazo de las medidas preventivas establecidas, por ejemplo, distanciamiento físico, etiqueta respiratoria, higiene de manos y evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca».

Hace una semana, el Gobierno acordó el uso obligatorio de las mascarillas en los espacios cerrados y en la vía pública, en casos en que no sea posible garantizar la distancia de dos metros. La Orden se hizo efectiva el pasado jueves.

Hasta entonces, el uso era obligatorio en el transporte público. Sin embargo, varias comunidades, entre ellas la de Madrid, habían insistido con generalizarlo. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso adquirió recientemente 14 millones de mascarillas FFP2 para repartirlas entre los ciudadanos.

El uso de las mascarillas ha provocado diversidad de opiniones en el seno del Ejecutivo. Incluso contradicciones.

El propio Fernando Simón, jefe del comité de expertos del Ministerio de Sanidad frente al coronavirus, aseguró el pasado 26 de febrero que su uso por parte de personas no contagiadas y sin síntomas no tenía «ningún sentido».

También han sido motivo de diferencias en cuanto al modelo. Para Simón «el uso de las mascarillas FFP2 está indicado en personas sanas» porque «las personas que tienen sintomatología debería utilizar las quirúrgicas».

Sin embargo, el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón emitió una nota afirmando que no se recomendaba el uso de este tipo de mascarillas entre la población general. Posteriormente, Simón se corrigió a sí mismo asegurando que las mascarillas quirúrgicas «son más llevaderas y más asequibles» y que las de tipo FFP2 «no están recomendadas para la población general».