Igualdad renovará el contrato de las pulseras antimaltrato con la misma empresa pese a los fallos masivos

El Ministerio de Igualdad ha propuesto adjudicar a la unión temporal de empresas formada por Vodafone y Securitas el nuevo contrato millonario para la gestión del sistema de seguimiento telemático de maltratadores el mismo consorcio que gestiona el servicio vigente. El propio ministerio multó a esta unión de empresas hace apenas dos meses por los fallos que paralizaron el sistema en noviembre de 2025. La decisión, adoptada en la Mesa de Contratación de este jueves, llega además mientras las pulseras antimaltrato, según testimonios de portadoras, continúan fallando.

La Mesa, presidida por el subdirector adjunto de la Subdirección General de la Oficina Presupuestaria, Gestión Económica y Asuntos Generales, se ha reunido de forma telemática y ha aprobado la valoración de los criterios de adjudicación del expediente, correspondiente al contrato para el cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y violencia sexual.

La UTE actual ha obtenido 41,30 puntos sobre 46 posibles en los criterios sometidos a juicio de valor, frente a los 26,66 de su única competidora, la UTE formada por Orange y otra empresa de seguridad.

La diferencia ha sido especialmente marcada en el plan de transición —9 puntos frente a 5— y en el servicio de telecomunicaciones, donde la UTE actual ha logrado la puntuación máxima de 4 frente a los 2 de su rival.

En los criterios de calidad evaluables automáticamente —conectividad con eSIM multioperador, actualización remota de firmware vía OTA, capacidad de enviar comandos y disponibilidad de acelerómetros—, la oferta de la UTE actual ha respondido afirmativamente a todos ellos, mientras Orange los ha marcado negativamente en su totalidad.

El contrato tiene una vigencia inicial de 36 meses y un presupuesto base de licitación de 71 millones, ampliable hasta 111 con las dos prórrogas anuales previstas.

Según comprometió la ministra Ana Redondo, los nuevos dispositivos «se colocarán en el tobillo, tendrán una batería más larga, una tarjeta eSIM no extraíble y estarán fabricados con material antivandálico».

El trasfondo de la multa

La paradoja es que la empresa beneficiaria arrastra un expediente sancionador reciente. El 11 de noviembre de 2025, el Sistema Cometa sufrió una avería a las 4:30 horas que obligó al Ministerio a activar el protocolo de protección de las víctimas. La operatividad plena no se recuperó hasta las 17:25 horas.

Tras abrir un expediente, Igualdad multó a Vodafone con 25.285 euros, cantidad que se haría efectiva «mediante la deducción de cantidades en el contrato».

Desde el Departamento de Redondo se argumentó entonces que, aunque «ninguna tecnología es infalible», el sistema «funciona con normalidad», y se elogió la implicación de la empresa «en la prestación del mejor servicio posible».

Personas portadoras de los dispositivos aseguran que, a día de hoy, el aparato sigue fallando, lo que convierte esas palabras en un bálsamo retórico difícil de sostener.

El historial de incidencias no es nuevo ni anecdótico. Como desveló en primicia OKDIARIO, la Fiscalía de Madrid ya advirtió en su memoria de 2024 de «múltiples fallos» en estos dispositivos y de sentencias absolutorias vinculadas al cambio de adjudicataria del servicio en 2023. Varios magistrados de violencia de género habían alertado desde julio de 2024 de las «disfunciones» de las pulseras telemáticas.

Prórroga temporal

El proceso hacia este nuevo contrato ha sido sinuoso. El Ministerio llegó a paralizar la licitación para incorporar, según fuentes del propio departamento, «las mejoras necesarias en los pliegos», tras las auditorías ligadas a los dispositivos. Unas auditorías que no han visto la luz por ahora.

El pliego ha sido rectificado al menos en una ocasión, ampliando el plazo de presentación de ofertas del 6 al 20 de marzo de 2026. Para no dejar el servicio sin cobertura, Igualdad ha aprobado sobre la marcha, improvisando una prórroga de cuatro meses del contrato vigente, que concluía este mes de mayo.

El Gobierno ha descartado además incorporar conexión satelital a los nuevos dispositivos, aduciendo que la tecnología Direct to Cell «se encuentra en fase de pruebas» y presenta «limitaciones técnicas relevantes», como la necesidad de «visibilidad directa sin obstáculos» entre dispositivo y satélite y «un mayor consumo energético».

El PP ha denunciado que esta decisión deja «desprotegidas» a víctimas en zonas rurales o de montaña, creando, a su juicio, «víctimas de primera y segunda clase».

La sesión del 7 de mayo ha resuelto también otros contratos. La Mesa ha propuesto adjudicar a la Fundación Secretariado Gitano el servicio de asistencia a víctimas de discriminación racial o étnica por 1,5 millones y a Acciona el mantenimiento integral de los edificios del Ministerio por 215.501 euros.

El Ministerio de Igualdad confía de nuevo en el mismo operador para blindar a las víctimas más vulnerables. Si los dispositivos de quinta generación responden a las promesas del pliego, el sistema podría por fin dejar de ser una rémora institucional. Si vuelven a fallar, la pregunta inevitable será quién asume la responsabilidad cuando la tecnología cede y las víctimas, una vez más, quedan solas.