El mando de Pontevedra confirma 2.500 filtraciones a un narco en el juicio contra dos guardias civiles

El responsable del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil en Pontevedra ha corroborado este miércoles las filtraciones de información «sensible y confidencial» a narcotraficantes por parte de los dos agentes que están siendo juzgados en la Audiencia de Pontevedra.

«Al principio nos costaba un poco creerlo pero esas sospechas las terminamos confirmando poco a poco», ha dicho este mando de la comandancia pontevedresa en la segunda jornada del juicio contra los agentes Javier L.S. y Diego F.C. y una tercera persona, Juan Carlos S.N., vinculado al narcotráfico y receptor de las supuestas filtraciones.

Durante las tres horas de declaración ante el tribunal, el teniente ha explicado que abrió una investigación interna al sospechar que en la unidad había un topo, tras frustrarse varias operaciones contra el narcotráfico.

Al principio, ha señalado, no sospechaban «de nadie en concreto» pero comenzaron a centrarse en uno de sus subordinados, Javier L.S., porque varios compañeros vieron en él una «actitud sospechosa» cuando le sorprendieron consultando diligencias que estaban en marcha en un ordenador que no era el suyo.

Esa consulta de información, según el responsable de ECO Galicia en Pontevedra, «no tenía lógica ninguna», por lo que avanzada la investigación optaron por crear una operación ficticia que afectaba a los narcotraficantes a los que, supuestamente, estaban filtrando información.

Aunque Javier L.S. estaba de baja en aquellos días, aprovechó una visita al médico de la Comandancia para acudir a las oficinas y extraer información no sólo de esta operación falsa, sino también fichas personales de confidentes de la Guardia Civil, datos de vehículos policiales y fichas personales de sus compañeros.

Parte de esta información fue hallada en posesión tanto del otro guardia civil acusado, Diego F.C., como de Juan Carlos S.N., su contacto con los grupos criminales que se beneficiaban de esta documentación para eludir las investigaciones policiales.

«Nadie puede tener esa información sin una finalidad que no sea ilícita», ha garantizado el responsable del ECO Galicia a preguntas de la fiscal, que ha explicado que entre compañeros «puede haber un intercambio concreto, pero nunca en esa cantidad», al recordar que los archivos filtrados fueron 2.500.

El mando policial también trasladó su malestar porque una «pequeña filtración» de una persona investigada «puede trastocar meses de trabajo» y, en este caso, se filtraron también datos de confidentes a los que se puso en peligro.

«Es lo que más nos ha ofendido a los compañeros», ha añadido.

Esos datos, además, sobre fuentes vivas «no es habitual ni normal consultarlos», ha afirmado, e incluso para acceder a ellos es necesaria una clave que el acusado «no debería tener».