La Guardia Civil entra en la comisaría de los Mossos en Lérida para pedir sus comunicaciones del 1-O

La Guardia Civil ha acudido este jueves a la comisaría central de los Mossos d’Esquadra en Lleida con una orden judicial para acceder a las grabaciones de la centralita de comunicaciones de la policía catalana en la demarcación durante el 1-O, según han informado a Efe fuentes de la investigación.

Los agentes del instituto armado se han personado en la comisaría de los Mossos de la región policial de Ponent por orden del titular del juzgado de instrucción número 4 de Lleida que, además de requerir las grabaciones de las comunicaciones internas de la policía catalana en la zona durante el 1-O, también ha solicitado diversa documentación.

En concreto, según ha precisado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el juez ha oficiado a la Guardia Civil para que acceda a las grabaciones de la centralita de comunicaciones de la región de Ponent de los Mossos d’Esquadra durante el 1-O, así como en las horas anteriores y posteriores al referéndum, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.

El juez de Lleida mantiene en secreto esta investigación, una de las que se han abierto en una veintena de juzgados catalanes sobre la supuesta pasividad de los Mossos d’Esquadra a la hora de cumplir con las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para impedir la votación del 1-O.

Los agentes del instituto armado se han personado en la comisaría de los Mossos d’Esquadra dos días después de acudir al edificio del servicio de emergencias 112 de la Generalitat, en Reus (Tarragona), en busca de las cintas de las comunicaciones internas de los Mossos en el área de Tarragona y Tierras del Ebro el 1-O, en el marco de una investigación sobre su supuesta pasividad para impedir la votación ordenada en ese caso por un juzgado de Gandesa (Tarragona).

Operaciones paralelas a la de Trapero

Estas investigaciones judiciales discurren de forma paralela a la causa abierta en la Audiencia Nacional, en la que está imputado por sedición el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, a quien la Guardia Civil acusa de pasividad durante el asedio que sufrieron los agentes del instituto armado durante el registro de la sede de Economía de la Generalitat el pasado 20 de septiembre.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que el pasado lunes dejó en libertad pero retiró el pasaporte a Trapero, ha ordenado a los Mossos que identifiquen a todos los agentes de la policía catalana que intervinieron en el dispositivo para impedir la celebración del referéndum del 1-O.

Paralelamente a la diligencia ordenada por la Audiencia Nacional a instancias de la Fiscalía, los Mossos también han abierto una investigación interna para determinar si algún agente, a título personal, no siguió las instrucciones que se habían trasmitido para impedir la votación del 1-O.

Según los Mossos, cerraron 446 colegios

Con esta medida, la jefatura de los Mossos pretende descubrir si hubo conductas individuales por parte de algún agente que no cumplió con las órdenes recibidas y analizar si había algún motivo que lo justificara.

En un primer informe entregado la semana pasada al TSJC, los Mossos especificaron que, de los más de 2.000 colegios establecidos por la Generalitat para el 1-O, lograron impedir la votación en un total de 446 centros de votación: 297 porque no abrieron y fueron custodiados desde primera hora de la mañana y 149 porque se logró parar la votación o se decomisaron las urnas antes del cierre del local.

En total, los Mossos intervinieron más de 400 urnas en 141 puntos de votación, papeletas, documentos relacionados con el censo, material informático en algunos de los colegios y documentación diversa relacionada con la preparación de alguna de las mesas.

Los Mossos llevaron a cabo más de 6.700 actuaciones, de las que 2.240 correspondieron a actas de advertencia notificadas entre el 27 y el 28 de septiembre y más de 4.450 actas y minutas entre el 29 y el 30 de septiembre, para comprobar si los locales estaban abiertos o cerrados, si se estaban preparando el referéndum suspendido y advertir de la obligación de desalojar el local, según la policía catalana.