Griñán firmó cuando era ministro una orden que avalaría la trama de la Junta en los ERE

Una Orden Ministerial de 2 de abril de 1995, firmada por el entonces ministro de Trabajo, José Antonio Griñán, despachaba en sólo tres artículos todas las ayudas que podría conceder el departamento a trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas. En ese texto se abría la mano a la discrecionalidad, la duración y cuantía de las mismas, así como a que se otorgaran sin publicidad ni concurrencia.

Así se desprende de la documentación que ha aportado este lunes a los medios de comunicación uno de los imputados en la causa. Carlos Leal, abogado acusado de ocho delitos por su implicación y blanqueo de dinero en la causa de los ERE, asegura que informes del actual Gobierno reconocen la existencia y vigencia de esa orden ministerial. Y que, si la actual instructora del caso, María Núñez Bolaños, toma en consideración tal normativa, el caso ERE «no existe».

De este modo, la trama de la Junta presidida entonces por Manuel Chaves para conceder ayudas a su discreción, en la que se habrían podido defraudar cientos de millones de euros, podría haber sido avalada en su totalidad por una norma legal firmada desde el Gobierno del PSOE en Madrid. Se da la circunstancia de que Griñán tomó el Ministerio de Trabajo sólo tres años después de que lo abandonara Chaves para irse a presidir la Junta y de que el propio Griñán sucedió a Chaves como mandatario andaluz cuando éste regresó al Gobierno en 2013.

Leal, el abogado investigado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha entregado este lunes esta documentación a los medios de comunicación. En ella, el actual Gobierno central «reconoce» que los fondos concedidos se otorgaran sin publicidad ni concurrencia y «sin límites en la cuantía y en la duración de años». Todo, en base a la citada Orden Ministerial de 1995.

Los documentos puestos a disposición de la prensa por Leal están incluidos en los expedientes administrativos que se han instruido conforme a lo dispuesto en la Ley del Gobierno, y que el Ejecutivo, en aplicación de su potestad reglamentaria, promulga como norma jurídica.

Curiosamente, esta documentación todavía no ha sido aportada a la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Según Leal, si se hubiese tenido en cuenta dicha normativa desde el inicio de la instrucción, «este asunto no hubiera llegado a ningún sitio». Con estos documentos, «no hay caso ERE», ha indicado.

«Es la ley aplicable en este caso», ha puesto de manifiesto Carlos Leal, y «debería ser conocida especialmente por la Fiscalía Anticorrupción y la instrucción, y debería ser conocida por los querellantes, por todos los afectados y por la sociedad en general, que la lean y concluyan».

A juicio de Leal, el caso ERE se ha convertido en un «auténtico despropósito», tratándose así de «un fracaso colectivo de un montón de gente».

El abogado Carlos Leal Bonmati, era director del Bufete Estudio Jurídico Villasís y fue acusado por la entonces instructora, la juez Mercedes Alaya, de ocho delitos por su mediación en los ERE. Tras ser detenido, quedó en libertad tras depositar en efectivo una fianza de 150.000 euros. Para el pago, el abogado recurrió a billetes de distintas cantidades, algunos de hasta 20 euros, que le prestaron, supuestamente, sus amigos, un hermano y su esposa.

El pasado mes de octubre de 2015, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidió por unanimidad retirar del caso a la instructora, Mercedes Alaya. Precisamente entonces, el abogado investigado, Carlos Leal, ya anunció que «el reproche sobre la falta de procedimiento es infundado», refiriéndose a la documentación presentada este lunes a la prensa, lo cual, dijo, «elimina de raíz el delito de prevaricación».

Sin embargo, un mes después y tras recibir Alaya el Premio Jurista del Año 2015, la nueva instructora del caso, María Núñez Bolaños, abrió una pieza separada en el caso que incluía, precisamente, como autores de un delito de prevaricación a los ex presidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán así como a otros 50 ex altos cargos de la Junta de Andalucía. La semana pasada, la Fiscalía Anticorrupción pidió que ambos ex presidentes de la Junta y del PSOE declaren como investigados en la causa.