El Gobierno trata de limitar la toma de imágenes de la llegada del Open Arms

Las denuncias que han hecho llegar al colegio de periodistas es que han sido colocados «tras una verja a una distancia considerable del lugar de atraque, lo que impide que los periodistas y gráficos puedan ejercer su trabajo con garantías y ofrecer así una información de calidad» sobre un hecho que lleva ocupando las portadas de medios escritos y audiovisuales de la zona desde que el Open Arms solicitara puerto para desembarcar.

En este sentido, el Colegio de Periodistas ha recordado que esta misma situación se produjo el pasado verano y dio lugar a que el colegio entablara negociaciones con la Delegación del Gobierno para alcanzar un acuerdo que estableciera las pautas para la cobertura informativa de estas llegadas en los puertos andaluces.

El objetivo por parte del colegio «siempre ha sido intentar conseguir las mejores condiciones posibles para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía», según ha indicado. No obstante, ha afirmado que «han resultado infructuosas, especialmente en lo que afecta a los puertos de la provincia de Cádiz, puesto que las condiciones de grabación que propone Delegación suponen un retroceso respecto a las que ha habido siempre», considera el colegio.

En este sentido, ha señalado que «antes de este verano los profesionales venían trabajando con normalidad y sin restricciones, conforme a criterios periodísticos y en buena sintonía con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado». Además, ha recordado que así se puso de manifiesto en las jornadas que el Colegio celebró en Cádiz en torno a esas fechas, con la participación de Guardia Civil, Policía Nacional, Salvamento Marítimo y ONG.

No obstante, la junta de gobierno del Colegio de Periodistas ha manifestado su agradecimiento a las gestiones realizadas por las responsables de prensa de Delegación del Gobierno, tanto en Andalucía como en Cádiz, para intentar resolver la situación.

Asimismo, ha asegurado que el colegio «sigue abierto a establecer unas pautas que garanticen los intereses de todas la partes, especialmente los de la ciudadanía, en su derecho a recibir información, y los de las personas migrantes, mediante una labor profesional y de calidad, pero ninguno de estos dos elementos se cumplen con la actitud de hoy en Crinavis».

Finalmente, el colegio ha afirmado que dado que las propias ONG han facilitado imágenes desde el interior de la embarcación «hay que entender que las personas interesadas y afectadas no tienen ningún inconveniente en que esas imágenes se muestren en los medios de comunicación, por lo que las restricciones impuestas en tierra pierden todo su sentido».