El Gobierno quiere entorpecer la acusación popular que impulsa las causas de corrupción que le acorralan
El Gobierno quiere revisar el papel de la acusación popular porque "se está pervirtiendo"
El Gobierno quiere revisar el papel de la acusación popular, una figura fundamental en algunas de las causas de corrupción que cercan a Pedro Sánchez y a su Ejecutivo, como el caso Begoña Gómez o el caso David Sánchez.
Así lo ha adelantado este viernes el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien ha asegurado que el Gobierno analizará su papel, pues considera que se está «pervirtiendo» su «espíritu» por las «organizaciones ultraderechistas». Es decir, las mismas que han impulsado las causas de corrupción que involucran al Ejecutivo y al PSOE.
Bolaños ha recordado que dichas acusaciones están recogidas en la Constitución y que su regulación «se ha de remitir a la ley, en este caso la Ley de Enjuiciamiento Criminal». Con todo, ha asegurado que «se está pervirtiendo el espíritu de la figura de la acusación popular por las organizaciones ultraderechistas, a las que no les importa nada perseguir el delito y esclarecer los hechos».
«Lo que quieren es perseguir a personas progresistas y a sus familias y, por tanto, este es un asunto que tenemos que analizar y que, cuando tengamos respuesta, la explicaremos públicamente», ha dicho.
Bolaños ha presumido de que «2024 ha sido un año fundamental para la Justicia española» y ha asegurado que «este va a ser el ritmo también en 2025».
Entre los proyectos principales del Gobierno está la polémica Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que deja las investigaciones penales en manos de los fiscales. Según el ministro, «España necesita un enjuiciamiento criminal que se adapte también al signo de los tiempos y que por tanto modernice también en esa parte todo lo que es el sistema judicial español».
«2024 ha sido el gran año de la transformación de la justicia en nuestro país. Hemos puesto las bases para la justicia del siglo XXI con unas reformas estructurales, legales, que estarán muy pronto en el BOE, que van a suponer que podamos tener una Justicia más ágil, más cercana y desde luego más eficaz», ha presumido Bolaños. Ello, mientras desde su Gobierno se ataca con frecuencia a los jueces que instruyen los casos de corrupción que les afectan.
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